Insfrán declaró la emergencia agropecuaria en zonas afectadas de cinco departamentos

El gobernador Gildo Insfrán tomó la determinación de declarar el estado de emergencia agropecuaria en los sectores agrícola y ganadero de la provincia, medida que se extiende por seis meses, desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2013

y comprende a sectores damnificados por la sequía en cinco departamentos formoseños.
El mandatario procedió a firmar al efecto este lunes 20 de mayo el decreto 215 que incluye en la medida, en el caso del sector agrícola, a los cultivos de algodón y maíz de los establecimientos rurales ubicados en los departamentos Pirané y Patiño afectados por déficit de precipitaciones y altas temperaturas, determinadas por la autoridad del organismo específico en la materia.
Al mismo tiempo, se declaró el estado de emergencia agropecuaria en el sector ganadero, para los establecimientos rurales afectados por situaciones de mortandad de hacienda, pérdida de peso, ventas forzosas y acompañados por una deficiente oferta forrajera y provisión de agua determinadas por la autoridad del organismo específico en la materia, ubicados en los departamentos Patiño, Bermejo, Matacos y Ramón Lista.
Como organismo de aplicación de esta medida se designa al ministerio de la Producción y Ambiente que deberá realizar las gestiones y disposiciones necesarias para cumplimentar las medidas establecidas.
Además, se facultó a la subsecretaria de Producción Sustentable a otorgar certificados a los productores afectados, conforme la constatación efectuada por la dirección de Producción Sustentable sobre las pérdidas sufridas, remitiendo la nómina de los mismos a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario.
Los productores que no resultaron afectados y se encuentren en las zonas delimitadas, podrán solicitar a la autoridad de aplicación un certificado de no inclusión en la incidencia climática.
Además, se facultó al ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a implementar las medidas que resulten necesarias para el otorgamiento de los beneficios fiscales contemplados en el marco del Decreto-Ley N° 980/81.
El poder Ejecutivo recibió un informe integral de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria del que surge la gravedad en que se encuentran las explotaciones de los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, con pérdidas en su producción y capacidad productiva que superan el cincuenta por ciento (50%), debido a la falta de precipitaciones, acompañadas de altas temperaturas durante el ciclo productivo de los cultivos 2012/2013;
De acuerdo con los informes elaborados por la Subsecretaría de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la falta de precipitaciones y las altas temperaturas afectaron a los cultivos de algodón y maíz;
Este accidente meteorológico comprometió seriamente el estado fenológico de los cultivos y tendrá implicancia en los resultados económicos, entre los cuales en el algodón se registran pérdidas superiores al setenta por ciento (70%), situación que reviste particular relevancia teniendo en cuenta que se trata de la mayor superficie sembrada en la provincia y que es realizado en gran medida por pequeños productores;
Según los relevamientos e informes presentados por la Subsecretaría de Producción Sustentable, el sector ganadero ha sufrido pérdida de la producción y de la capacidad productiva en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento (50%) por situaciones concomitantes de mortandad de animales, pérdida de peso, ventas forzosas, acompañados de una deficiente oferta forrajera y provisión de agua
Las autoridades provinciales consideran que resulta dificultoso para los productores lograr la recuperación de la capacidad económica de las explotaciones agrícolas y pecuarias, por lo que resulta necesario como política de estado de la actual gestión de gobierno, resolver situaciones complejas para garantizar la prosecución de los procesos productivos y económicos.
Consideran que de ese modo se atienden las situaciones de los productores y sus familias en forma integral y sistemática, estableciendo políticas diferenciadas que den respuesta a cada uno según sus realidades, todo ellos de conformidad a los lineamientos de la Constitución Provincial.