La declaración de la emergencia agrícola decretada por el Ejecutivo Provincial en el año 2010, y avalada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, tuvo como principal objetivo asistir al sector agrícola
por las pérdidas sufridas en los variados cultivos que se desarrollan en el territorio formoseño.
Para poder acceder a los beneficios de la Ley Nacional Nº 26.509, los afectados debían presentar un certificado de emergencia agropecuaria extendido por el Ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Producción Sustentable, que posteriormente se encargaron de constatar que los lotes que habían sido afectados por la sequía.
Con la implementación de dicho sistema, se brindó asistencia financiera subsidiada por una cifra cercana a los 18 millones de pesos, distribuida en más de 6.500 productores que cumplimentaron la documentación requerida, por la Ley Nacional.
Para dar un ejemplo, los productores afectados en la siembra de algodón fueron más de 2 mil, a los cuales se los asistió con seis millones de pesos, en el cultivo de la banana se concedieron 578 beneficios por un total de dos millones, y en el caso de la batata un desembolso una cifra cerca a los dos millones de pesos para asistir a más de 500 productores, y en otros cultivos (como ser maíz, sorgo, soja, entre otros) 10 millones de pesos.
Previamente a que se declare la Emergencia Agrícola, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria llegó a la conclusión que se contaba con los datos relevantes y concretos para proponer al Ejecutivo Provincial que se declare la emergencia agrícola en la provincia.
La solicitud se fundamentó en la apreciación "in situ" de la gravedad en que se encontraban los productores debido al déficit de precipitaciones, temperaturas superiores a los 40° y vientos predominantes del sector norte cuya combinación había comprometido seriamente el estado de los cultivos y por lo tanto el rendimiento de los mismos, con pérdidas de más del 50% de la producción durante el período noviembre 2009 y febrero 2010.
Asimismo, se tomó en cuenta un relevamiento realizado por profesionales del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, del cual se confirmó que 33.701 hectáreas habían sido afectadas.
Ante esta situación, el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, decretó la emergencia agrícola e instruyó al Ministerio de la Producción y Ambiente que realice y tome los recaudos necesarios para la individualización de los productores afectados.
Esta resolución posibilitó beneficiar a los productores no sólo de la asistencia monetaria, sino también con el diferimiento de impuestos, exenciones impositivas y flexibilización en los vencimientos de los créditos bancarios previstos en la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Asistencia
Una vez declarada la emergencia, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia realizó la presentación de los informes y del Decreto provincial Nº 385/2010 ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, organismo que incluyó a Formosa entre las provincias afectadas por la sequía.
En el mes de septiembre de 2010 llegaron los fondos provenientes de Nación, para el pago de aportes no reintegrables a los productores agrícolas afectados. En octubre de 2010, se comenzó a abonar la asistencia según la necesidad previamente constatada y el cronograma dispuesto por el ministerio.
Desde la Subsecretaría de Producción Sustentable, después de un periodo de ocho meses de haber iniciado la operatoria de los pagos, se emitió la disposición Nº 18/2011, informando que el 16 de mayo de 2011 se vencía la recepción de reclamos, por la necesidad de realizar las rendiciones correspondientes de los fondos recibidos ante organismos de contralor provincial y nacional.
Con una correcta decisión política de haber declarado la emergencia agrícola, se brindó a los productores una herramienta muy importante para mitigar los efectos de la crisis agrícola, que fue bien utilizada por los productores para fortalecer las labores culturales que se venían realizando para los cultivos primaverales.
En el trabajo realizado por la Comisión Provincial de Emergencia, participaron las distintas organizaciones de productores, Federación Agraria Argentina (FAA), Movimiento Agrario Formoseño (MAF), Defensa del Productor Agropecuario (DeProA), Sociedades Rurales, municipios, PAIPPA, SENASA, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Consejo de Profesionales.
Este modelo participativo y de consenso ha logrado en la provincia de Formosa la asistencia a más de 6.500 productores, lo que representó un 99.57% de efectividad en la implementación de la ayuda, frente a un 0,43% de productores que no pudieron cumplir con los requerimientos en tiempo y forma para ser asistidos.
Por último, es importante destacar la tarea realizada por los ingenieros agrónomos que participaron activamente en el monitoreo e individualización de los lotes agrarios afectados.
Para poder acceder a los beneficios de la Ley Nacional Nº 26.509, los afectados debían presentar un certificado de emergencia agropecuaria extendido por el Ministerio de la Producción y Ambiente, a través de la Subsecretaría de Producción Sustentable, que posteriormente se encargaron de constatar que los lotes que habían sido afectados por la sequía.
Con la implementación de dicho sistema, se brindó asistencia financiera subsidiada por una cifra cercana a los 18 millones de pesos, distribuida en más de 6.500 productores que cumplimentaron la documentación requerida, por la Ley Nacional.
Para dar un ejemplo, los productores afectados en la siembra de algodón fueron más de 2 mil, a los cuales se los asistió con seis millones de pesos, en el cultivo de la banana se concedieron 578 beneficios por un total de dos millones, y en el caso de la batata un desembolso una cifra cerca a los dos millones de pesos para asistir a más de 500 productores, y en otros cultivos (como ser maíz, sorgo, soja, entre otros) 10 millones de pesos.
Previamente a que se declare la Emergencia Agrícola, la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria llegó a la conclusión que se contaba con los datos relevantes y concretos para proponer al Ejecutivo Provincial que se declare la emergencia agrícola en la provincia.
La solicitud se fundamentó en la apreciación "in situ" de la gravedad en que se encontraban los productores debido al déficit de precipitaciones, temperaturas superiores a los 40° y vientos predominantes del sector norte cuya combinación había comprometido seriamente el estado de los cultivos y por lo tanto el rendimiento de los mismos, con pérdidas de más del 50% de la producción durante el período noviembre 2009 y febrero 2010.
Asimismo, se tomó en cuenta un relevamiento realizado por profesionales del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, del cual se confirmó que 33.701 hectáreas habían sido afectadas.
Ante esta situación, el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán, decretó la emergencia agrícola e instruyó al Ministerio de la Producción y Ambiente que realice y tome los recaudos necesarios para la individualización de los productores afectados.
Esta resolución posibilitó beneficiar a los productores no sólo de la asistencia monetaria, sino también con el diferimiento de impuestos, exenciones impositivas y flexibilización en los vencimientos de los créditos bancarios previstos en la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Asistencia
Una vez declarada la emergencia, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia realizó la presentación de los informes y del Decreto provincial Nº 385/2010 ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, organismo que incluyó a Formosa entre las provincias afectadas por la sequía.
En el mes de septiembre de 2010 llegaron los fondos provenientes de Nación, para el pago de aportes no reintegrables a los productores agrícolas afectados. En octubre de 2010, se comenzó a abonar la asistencia según la necesidad previamente constatada y el cronograma dispuesto por el ministerio.
Desde la Subsecretaría de Producción Sustentable, después de un periodo de ocho meses de haber iniciado la operatoria de los pagos, se emitió la disposición Nº 18/2011, informando que el 16 de mayo de 2011 se vencía la recepción de reclamos, por la necesidad de realizar las rendiciones correspondientes de los fondos recibidos ante organismos de contralor provincial y nacional.
Con una correcta decisión política de haber declarado la emergencia agrícola, se brindó a los productores una herramienta muy importante para mitigar los efectos de la crisis agrícola, que fue bien utilizada por los productores para fortalecer las labores culturales que se venían realizando para los cultivos primaverales.
En el trabajo realizado por la Comisión Provincial de Emergencia, participaron las distintas organizaciones de productores, Federación Agraria Argentina (FAA), Movimiento Agrario Formoseño (MAF), Defensa del Productor Agropecuario (DeProA), Sociedades Rurales, municipios, PAIPPA, SENASA, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Consejo de Profesionales.
Este modelo participativo y de consenso ha logrado en la provincia de Formosa la asistencia a más de 6.500 productores, lo que representó un 99.57% de efectividad en la implementación de la ayuda, frente a un 0,43% de productores que no pudieron cumplir con los requerimientos en tiempo y forma para ser asistidos.
Por último, es importante destacar la tarea realizada por los ingenieros agrónomos que participaron activamente en el monitoreo e individualización de los lotes agrarios afectados.