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El tácito apoyo a la concreción de dos estratégicas obras eléctricas (líneas de 132 Kv. entre Ibarreta-Las Lomitas y Clorinda-El Espinillo) y el acento en el contralor para el estricto cumplimiento de las normas ambientales durante y posterior a la concreción de los trabajos, fueron los aspectos salientes que se expusieron ayer durante la realización de las dos audiencias públicas celebradas en esta ciudad ante la convocatoria del Ente Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Justamente, sendas audiencias fueron convocadas por el ENRE, con el propósito de evaluar el otorgamiento de los certificados de conveniencia y necesidad pública para la extensión de las dos nuevas líneas de transporte de energía de 132 Kv. que comprenderán las trazas Ibarreta-Las Lomitas y Clorinda-El Espinillo, respectivamente.
Sobre el particular, el administrador del EROSP, Luis María Fernández Basualdo, indicó que “uno de los aspectos relevante ha sido la gestión del señor gobernador (Gildo) Insfrán que consiguió la firma de convenio para financiar estas obras; aunque también si uno no termina de hacer las otras posteriores, por más voluntad que se tenga, los trabajos no pueden hacerse, de ahí que estas audiencias deben cumplimentarse”.
“Hay todo un aspecto ambiental que debe respetarse, y tengo entendido, que más allá que no exista ninguna oposición, no quiere decir que las autoridades nacionales obvien el requisito de la audiencia pública, inclusive nosotros nos presentamos exigiendo el cumplimiento de las normativas ambientales. No solamente en lo referente a la construcción, sino también lo que es el manejo de la gestión ambiental por parte de quién opere la línea”, abundó.
Insistió en subrayar que “en esto hay que tener en cuenta que cuando se traza una línea no se afecte parques nacionales, que no pase por sobre una casa y otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta antes de la ejecución de los trabajos. Y cuando los trabajos estén en marcha, hay que adoptar los recaudos respecto a los residuos por ejemplo; y una vez la obra concluida, se debe velar por una correcta gestión ambiental”.
Refirió a que “los estudios (expeditivos) de impacto ambiental fueron realizados, y ahora el ente nacional va a controlar después de la operación todo lo que es el manejo ambiental, y durante la construcción la entidad licitante tiene que cumplir con las normativas nacional y provincial”.

Expansión social
y estricto respeto

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo, que tomó parte de las dos audiencias públicas celebradas en la sede del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), se resaltó la importancia que reviste la mas urgente concreción de los referidos proyectos para la expansión social, cultural y económica de las poblaciones beneficiadas.
Se sostuvo que se apoyó el otorgamiento de los certificados de conveniencia y necesidad pública de las obras sometidos a consideración, sin perjuicio de lo cual solicitó al ENRE, por intermedio de las autoridades presentes en la audiencia que, “como autoridad de aplicación, vele por que se opere el mas estricto acatamiento de las normas para la incorporación de los aspectos ambientales en todas las etapas de las obras a realizarse, desde su evaluación inicial, la cual cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental ya realizado, hasta la construcción y operación de las redes y equipamientos a ser instalados”.
La Defensoría instó al “fortalecimiento del rol de contralor que cabe al ENRE para garantizar una adecuada gestión ambiental de los agentes privados, en el marco de la aplicación de la normativa vigente en la materia, especialmente en lo que respecta al cumplimiento del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, Ley Nacional Nº 24.065 y su decreto reglamentario”.
Asimismo, el Organismo de la Constitución requirió expresamente que “se incluyan en el presupuesto económico-financiero del proyecto los costos de las inversiones para hacer efectiva la tutela medioambiental de las zonas por las que se realizarán los tendidos de redes correspondientes, la instalación de las Estaciones Transformadoras y los campos de salidas en las playas de maniobras”.
También recomendó “el seguimiento posterior de los resultados del proyecto se refuerce sustancialmente y se lleve a cabo en forma separada de la labor que encare la línea operativa del mismo, relacionando la faz propiamente técnica de la ejecución de las obras, con las potencialidades de desarrollo socioeconómico sustentable de las zonas que serán afectadas por las mismas, para lo cual la aplicación de las normas y principios tuitivos del medio ambiente deberán ocupar un lugar preeminente”.
Otro aspectos sobre los cuales se pusieron acento tuvieron que ver con que las trazas no afecten a comunidades donde residen pueblos originarios, además del respeto al derecho de servidumbre que le asiste a los propietarios de las tierras donde atraviese el tendido de redes.
También se pidió que los informes de impacto ambiental sean remitidos con premura a los diferentes organismos provinciales que tienen injerencia en la cuestión ambiental, así podrán hacerse las sugerencias correspondientes antes de que se inicien los trabajos.

No a un incremento

En otro orden de ideas, respecto de la entrada en vigencia del nuevo contrato con la empresa TRASNEA, el Defensor del Pueblo, José Gialluca ratificó la postura del organismo constitucional “en cuanto no se justifica un incremento en las tarifas de la transportista de energía, argumento sostenido en la audiencia pública celebrada en nuestra ciudad capital para el tratamiento de la pertinente carta de entendimiento”.
Agregó que una en instancia posterior, desde el Organismo de la Constitución, se insistió sobre el particular ante la comisión del Congreso de la Nación encargada del tratamiento del acuerdo con TRASNEA, en el marco de la renegociación de los contratos públicos requisitoria que, al no ser debatida en el parlamento, daría lugar a la aprobación ficta del nuevo contrato, en detrimento de los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia a los que, eventualmente, se trasladaría el aumento.