Durante su transcurso no hubo objeción en las tareas, pero sí que exista control permanente, se destacó el cuidado de aborígenes y en lo ambiental según los planteos realizados en la audiencia por pozo petrolífero.
Explicándose de antemano la no objeción en la aprobación del estudio impacto ambiental relativo al proyecto de perforación de un pozo petrolífero en el extremo oeste formoseño, sí se planteó la necesidad de permanentes controles en el estricto cuidado y respeto a las comunidades aborígenes de la zona, lo propio en cuanto a los recursos naturales.
Esto se expuso ayer en el salón auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad en el marco de la audiencia pública donde se puso a consideración de la comunidad el EsIA relativo al proyecto de perforación del pozo petrolero se ejecutará en la zona conocida como El Surubí, al sur de El Potrillo, mecanismo que hace al cumplimiento de la Ley Provincial 1060 de Política y Gestión Ambiental.
En la ocasión la Defensoría del Pueblo solicitó la aprobación del estudio y formuló apreciaciones relacionadas con el cumplimiento de determinadas normas vigentes y que asegurarán el menor impacto ambiental negativo en el lugar de la explotación petrolera, garantizando el respeto irrestricto de todos los derechos de las a las comunidades que por su situación geográfica, se hallan directa o indirectamente vinculadas a los trabajos.
Precisamente, respecto de las mismas se hizo hincapié en la necesidad de apertura de canales reales de diálogo con los auténticos referentes de los poblados aledaños, mayormente integrado por pueblos originarios, siendo el motor para tal intercambio el respeto a las normas provinciales y nacionales que tutelan las potestades de dichas comunidades.
Con respecto a este particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, peticionó una presencia permanente, en el lugar de los trabajos, de responsables de la empresa Gran Tierra Energy que se encargará del emplazamiento y de la explotación petrolera en el PROA 2 y la inmediata satisfacción de todo planteo que, dentro de la normativa, efectúen los pobladores originarios, así como la comunicación y directa intervención, en tales casos, de las autoridades provinciales con competencia.
Otros temas abordados por la Defensoría, fueron los relacionados con aspectos como el de una auditoría permanente para fiscalizar la incidencia ambiental sobre el suelo, el agua y el aire durante la etapa de ejecución de la obra; el del tratamiento de los residuos peligrosos mediante la adopción de los recaudos previstos por la Ley Nacional 24.051 y la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio, en los términos del artículo 22 de la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675.
Asimismo, se expuso la necesaria intervención de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua ( UPCA ) a fin de que no se afecte el acuífero Yrenda-Toba-Tarijeño, que yace en el subsuelo de la explotación y que se intensifiquen las actividades comunitarias, de la manera en que lo viene haciendo Gran Tierra Energy desde hace años.
En el mismo sentido, se expuso la necesaria asistencia de la Dirección Provincial de Vialidad ( DPV ) a fin de evitar problemas de anegamiento de zonas inundables, debido a la construcción de la calzada que partirá desde la ruta a El Potrillo hasta la locación de la obra y que tendrá 400 metros y la contratación de mano de obra formoseña, requieran o no las labores de especialización, de ser esta necesaria, la capacitación previa.
Estas fueron algunas de las propuestas realizadas por la Defensoría del Pueblo, desde donde se anticipo se seguirá de cerca el cumplimiento de los requerimientos efectuados, previos al dictado del acto administrativo que certifique las condiciones ambientales adecuadas para el comienzo de las obras, lo que se prevé para el mes de octubre del corriente año.
Marco de la audiencia
El tribunal estuvo presidido por el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, doctor Hugo Bay, junto con la asesora letrada del Poder Ejecutivo, María Rosa Bojorque y el asesor del ministerio de la Producción y Ambiente, ingeniero Horacio Zambón, quienes llevaron adelante el encuentro que se desarrolló con absoluta normalidad.
Por parte de la firma canadiense Gran Tierra Energy, asistieron: la ingeniera Silvia González, el ingeniero Walter Tejerina y la licencia Claudia Falcon, quienes proyectaron el estudio de Factibilidad Ambiental y la Etapa de Construcción y Operación del emprendimiento. Además, explicaron el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que establece las acciones para prevenir o corregir los efectos negativos de la implementación, y afirmaron que: "el compromiso de la compañía se basa en reducir riesgos y mejorar el sistema de trabajo para proteger la salud y la seguridad".
Así también, presenciaron la reunión: el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialucca; el ingeniero de REFSA Héctor Cazaux; el director de Industria Hidrocarburos y Minería; el ingeniero Marcelino Ybars; el asesor legal, Diego Rodríguez,; el ingeniero agrónomo, Enrique Saita; la ingeniera forestal, Paula Muzzo y el ingeniero químico, Darío Aguilar.
"Esta audiencia pública consiste en una instancia participativa muy importante para evaluar los aspectos ambientales a proteger en las obras que se realizan", explicó Bay.
El emprendimiento está encarado por el Estado Provincial, por intermedio de la compañía energética local Recursos Energéticos Formosa S.A. (REFSA) y la canadiense Gran Tierra Energy.
La compañía extranjera, forma parte del consorcio de empresas que explotan Palmar Largo y el Proa 1, ambos con resultados satisfactorios, siendo su finalidad la ampliación del horizonte de producción de crudo en nuestro territorio.
También se expuso por parte de dirigentes sociales, cierta "desazón" ante la ausencia de "gente de la oposición y de organizaciones que se atribuyen ser defensoras de los pueblos originarios, quienes justamente en audiencias como estas donde se deben hacer planteos concretos, no asisten y tampoco presentan algún tipo de escrito haciendo peticiones, y luego los escuchamos hacer declamaciones publicas de estar preocupados por los aborígenes. En este tipo de reuniones hay que estar y exigir que se cumplan las normas que protegen a las comunidades y su medio ambiente, y que sean los del lugar quienes tengan prioridad a la hora de contratar mano de obra, y no solamente a través de la prensa", expusieron dos de ellos.
Esto se expuso ayer en el salón auditorio de la Dirección Provincial de Vialidad en el marco de la audiencia pública donde se puso a consideración de la comunidad el EsIA relativo al proyecto de perforación del pozo petrolero se ejecutará en la zona conocida como El Surubí, al sur de El Potrillo, mecanismo que hace al cumplimiento de la Ley Provincial 1060 de Política y Gestión Ambiental.
En la ocasión la Defensoría del Pueblo solicitó la aprobación del estudio y formuló apreciaciones relacionadas con el cumplimiento de determinadas normas vigentes y que asegurarán el menor impacto ambiental negativo en el lugar de la explotación petrolera, garantizando el respeto irrestricto de todos los derechos de las a las comunidades que por su situación geográfica, se hallan directa o indirectamente vinculadas a los trabajos.
Precisamente, respecto de las mismas se hizo hincapié en la necesidad de apertura de canales reales de diálogo con los auténticos referentes de los poblados aledaños, mayormente integrado por pueblos originarios, siendo el motor para tal intercambio el respeto a las normas provinciales y nacionales que tutelan las potestades de dichas comunidades.
Con respecto a este particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, peticionó una presencia permanente, en el lugar de los trabajos, de responsables de la empresa Gran Tierra Energy que se encargará del emplazamiento y de la explotación petrolera en el PROA 2 y la inmediata satisfacción de todo planteo que, dentro de la normativa, efectúen los pobladores originarios, así como la comunicación y directa intervención, en tales casos, de las autoridades provinciales con competencia.
Otros temas abordados por la Defensoría, fueron los relacionados con aspectos como el de una auditoría permanente para fiscalizar la incidencia ambiental sobre el suelo, el agua y el aire durante la etapa de ejecución de la obra; el del tratamiento de los residuos peligrosos mediante la adopción de los recaudos previstos por la Ley Nacional 24.051 y la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio, en los términos del artículo 22 de la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675.
Asimismo, se expuso la necesaria intervención de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua ( UPCA ) a fin de que no se afecte el acuífero Yrenda-Toba-Tarijeño, que yace en el subsuelo de la explotación y que se intensifiquen las actividades comunitarias, de la manera en que lo viene haciendo Gran Tierra Energy desde hace años.
En el mismo sentido, se expuso la necesaria asistencia de la Dirección Provincial de Vialidad ( DPV ) a fin de evitar problemas de anegamiento de zonas inundables, debido a la construcción de la calzada que partirá desde la ruta a El Potrillo hasta la locación de la obra y que tendrá 400 metros y la contratación de mano de obra formoseña, requieran o no las labores de especialización, de ser esta necesaria, la capacitación previa.
Estas fueron algunas de las propuestas realizadas por la Defensoría del Pueblo, desde donde se anticipo se seguirá de cerca el cumplimiento de los requerimientos efectuados, previos al dictado del acto administrativo que certifique las condiciones ambientales adecuadas para el comienzo de las obras, lo que se prevé para el mes de octubre del corriente año.
Marco de la audiencia
El tribunal estuvo presidido por el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, doctor Hugo Bay, junto con la asesora letrada del Poder Ejecutivo, María Rosa Bojorque y el asesor del ministerio de la Producción y Ambiente, ingeniero Horacio Zambón, quienes llevaron adelante el encuentro que se desarrolló con absoluta normalidad.
Por parte de la firma canadiense Gran Tierra Energy, asistieron: la ingeniera Silvia González, el ingeniero Walter Tejerina y la licencia Claudia Falcon, quienes proyectaron el estudio de Factibilidad Ambiental y la Etapa de Construcción y Operación del emprendimiento. Además, explicaron el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que establece las acciones para prevenir o corregir los efectos negativos de la implementación, y afirmaron que: "el compromiso de la compañía se basa en reducir riesgos y mejorar el sistema de trabajo para proteger la salud y la seguridad".
Así también, presenciaron la reunión: el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialucca; el ingeniero de REFSA Héctor Cazaux; el director de Industria Hidrocarburos y Minería; el ingeniero Marcelino Ybars; el asesor legal, Diego Rodríguez,; el ingeniero agrónomo, Enrique Saita; la ingeniera forestal, Paula Muzzo y el ingeniero químico, Darío Aguilar.
"Esta audiencia pública consiste en una instancia participativa muy importante para evaluar los aspectos ambientales a proteger en las obras que se realizan", explicó Bay.
El emprendimiento está encarado por el Estado Provincial, por intermedio de la compañía energética local Recursos Energéticos Formosa S.A. (REFSA) y la canadiense Gran Tierra Energy.
La compañía extranjera, forma parte del consorcio de empresas que explotan Palmar Largo y el Proa 1, ambos con resultados satisfactorios, siendo su finalidad la ampliación del horizonte de producción de crudo en nuestro territorio.
También se expuso por parte de dirigentes sociales, cierta "desazón" ante la ausencia de "gente de la oposición y de organizaciones que se atribuyen ser defensoras de los pueblos originarios, quienes justamente en audiencias como estas donde se deben hacer planteos concretos, no asisten y tampoco presentan algún tipo de escrito haciendo peticiones, y luego los escuchamos hacer declamaciones publicas de estar preocupados por los aborígenes. En este tipo de reuniones hay que estar y exigir que se cumplan las normas que protegen a las comunidades y su medio ambiente, y que sean los del lugar quienes tengan prioridad a la hora de contratar mano de obra, y no solamente a través de la prensa", expusieron dos de ellos.