El Subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinori afirmó que las tareas se están ajustando al cronograma previsto, y las entidades han cumplido en su mayoría, aunque el plazo para hacerlo vence el día sábado 28 a las 13 horas.
Ante la disposición del gobernador Gildo Insfrán que por el lapso de 60 días se suspendan los códigos habilitados en el Sistema Integrado de Información Financiera y Control vinculados a descuentos asignados a entidades como mutuales, cooperativas y otras asociaciones a los cuales los empleados públicos están afiliados, la comisión conformada al efecto ya recepcionó las documentaciones de casi el 90% de las entidades que operan bajo este esquema.
Antinori sostuvo que "Estamos informando a diario la marcha de todo el proceso de presentación de las documentales, y en cuanto a la cantidad de entidades que ya han presentado se encuentra en el orden del 85 al 90 por ciento, aunque confiamos que quienes aun están pendiente de hacerlo lo hagan en estos días que restan".
Indicó que no hubo mayores planteos de las entidades, entre las que se cuentan mutuales, cooperativas, gremios y asociaciones, "aunque si debieron efectuar algunos ajustes, aunque insisto, siempre han demostrado una buena predisposición en colaborar con la comisión revisora que se encuentra analizando toda la documentación", tarea para lo cual como se recordará, se fijó un plazo de dos meses, y que no es sencilla dado que se deben revisar unas 16 mil operaciones.
Insistió en subrayar que "el objetivo de esta medida es puntualmente -a partir de la preocupación del PEP- verificar que la operación de los agentes públicos con esas entidades habilitadas por el Sistema de Información y Control se desarrollen en condiciones normales de mercado y dentro de las condiciones legales que rigen tanto para las entidades que llevan adelante las operatorias como también las que tutelan normalmente en los servicios que brinden estas instituciones".
Sostuvo que "el propósito de verificar que estas operaciones que implican retenciones y descuentos a través de códigos asignados sobre los haberes de los agentes estatales se desarrollen dentro de marcos legales establecidos y por supuesto bajo esquemas normales. "Es decir se quiere velar por la certeza de que esto se cumpla y de esa manera proteger integralmente al agente público", significó.
Expuso que a partir de la decisión del Poder Ejecutivo, lo que hizo el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas fue operativizar la medida, creándose una Comisión de Verificación, Revisión y Control de todas esas operaciones. "Se trata de un equipo técnico de profesionales, entre ellos incluso abogados, cuya tarea será justamente la de verificar las operaciones, que es el número que opera bajo códigos de descuentos", , para aclarar que no se trata de un número de agentes estatales, ya que sobre muchos de estos operan descuentos de más de una mutual o cooperativa.
Al frente de dicha comisión se encuentran las subsecretarias dependientes de Economía, como la suya de Hacienda y Finanzas, además las de Coordinación Económica a cargo de Ana Marina Profumieri, la de Defensa del Consumidor bajo la responsabilidad de Edgar Pérez, la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), al frente del cual se encuentra Lucas Vicente y la esfera administrativa de la Caja de Previsión Social, ya que la medida también comprende a los pasivos.
Enfatizó que "la idea de ninguna manera pasa porque se deje de pagar y que las entidades no cobren más, ni hablar de condonación ni quitas de lo que se debe. Repito, necesitamos verificar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones normales de mercado y cumpliéndose las normas en vigencia".
Antinori sostuvo que "Estamos informando a diario la marcha de todo el proceso de presentación de las documentales, y en cuanto a la cantidad de entidades que ya han presentado se encuentra en el orden del 85 al 90 por ciento, aunque confiamos que quienes aun están pendiente de hacerlo lo hagan en estos días que restan".
Indicó que no hubo mayores planteos de las entidades, entre las que se cuentan mutuales, cooperativas, gremios y asociaciones, "aunque si debieron efectuar algunos ajustes, aunque insisto, siempre han demostrado una buena predisposición en colaborar con la comisión revisora que se encuentra analizando toda la documentación", tarea para lo cual como se recordará, se fijó un plazo de dos meses, y que no es sencilla dado que se deben revisar unas 16 mil operaciones.
Insistió en subrayar que "el objetivo de esta medida es puntualmente -a partir de la preocupación del PEP- verificar que la operación de los agentes públicos con esas entidades habilitadas por el Sistema de Información y Control se desarrollen en condiciones normales de mercado y dentro de las condiciones legales que rigen tanto para las entidades que llevan adelante las operatorias como también las que tutelan normalmente en los servicios que brinden estas instituciones".
Sostuvo que "el propósito de verificar que estas operaciones que implican retenciones y descuentos a través de códigos asignados sobre los haberes de los agentes estatales se desarrollen dentro de marcos legales establecidos y por supuesto bajo esquemas normales. "Es decir se quiere velar por la certeza de que esto se cumpla y de esa manera proteger integralmente al agente público", significó.
Expuso que a partir de la decisión del Poder Ejecutivo, lo que hizo el ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas fue operativizar la medida, creándose una Comisión de Verificación, Revisión y Control de todas esas operaciones. "Se trata de un equipo técnico de profesionales, entre ellos incluso abogados, cuya tarea será justamente la de verificar las operaciones, que es el número que opera bajo códigos de descuentos", , para aclarar que no se trata de un número de agentes estatales, ya que sobre muchos de estos operan descuentos de más de una mutual o cooperativa.
Al frente de dicha comisión se encuentran las subsecretarias dependientes de Economía, como la suya de Hacienda y Finanzas, además las de Coordinación Económica a cargo de Ana Marina Profumieri, la de Defensa del Consumidor bajo la responsabilidad de Edgar Pérez, la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), al frente del cual se encuentra Lucas Vicente y la esfera administrativa de la Caja de Previsión Social, ya que la medida también comprende a los pasivos.
Enfatizó que "la idea de ninguna manera pasa porque se deje de pagar y que las entidades no cobren más, ni hablar de condonación ni quitas de lo que se debe. Repito, necesitamos verificar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones normales de mercado y cumpliéndose las normas en vigencia".