La Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, subrayó que "Quedó claro que el estado provincial denunció a empresarios de Edefor en cuanto advirtió anomalías" fecha que data desde tres años atrás.
Según se desprende de los términos de la ampliación de la denuncia que el gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado acaba de efectuar contra el empresario Sergio Taselli y otros que tuvieron algún tipo de responsabilidad al frente de la distribuidora de energía eléctrica Edefor SA, las imputaciones ante la justicia se iniciaron tres años atrás, en cuanto el estado advirtió anomalías.
Ya en aquel entonces efectuó la denuncia por el delito de "Administración fraudulenta agravada por resultar en perjuicio de la administración pública", y ahora la ampliación de la misma, que a decir de la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, se da a partir de surgir importantes informes -dada la acción desde la justicia Suiza por "lavado de dinero" contra el empresario- que importan y mucho en relación a la denuncia hecha por la provincia. Incluso se pidió que se coordinen las investigaciones con el magistrado de aquel país y que se colabore con éste y otros jueces argentinos que también entienden en causas contra Taselli y sus socios.
Evocó la Fiscal que el "estado provincial ante las primeras advertencias de la posibilidad de este accionar, dispuso la intervención de la empresa Edefor SA, luego su expropiación y la denuncia penal contra de sus administradores. Y ahora estamos ampliando la misma, porque el Ejecutivo Provincial así lo dispuso a fin de que la justicia juzgue a quienes resulten responsables del vaciamiento de la empresa y al mismo tiempo se otorgue el resarcimiento económico que corresponde a la provincia por los graves perjuicios".
Insistió en enfatizar que esta ampliación obedece a que "la provincia ejerce sus derechos", y en este caso a partir de surgir importantes informes -dada la acción desde la justicia Suiza por "lavado de dinero" contra el empresario- que importan y mucho en relación a la denuncia hecha por la provincia.
"Todo esto lo hacemos porque recibimos precisas instrucciones en este sentido de parte del gobernador Gildo Insfrán desde el mismo momento en que se iniciaron las medidas contra la empresa Edefor SA. Se pidieron medidas con carácter de urgente desde un principio, y en ningún momento se dejó de trabajar en esto, por lo que mucho de lo que se dice en contrario, carece de veracidad; por lo que el PEP y no de ahora, sino desde hace ya mucho cuando se dispusieron las medidas contra la empresa", enfatizó la doctora Zabala de Copes.
"Reiterados e intolerables incumplimientos"
Se alude en el planteo judicial que la provincia otorgó la concesión exclusiva de la prestación del servicio de energía eléctrica a la sociedad Edefor SA, y que pese a las obligaciones asumidas por la misma (atender incremento de la demanda, calidad y otras), "fueron constantes, reiterados e intolerables los incumplimientos".
Expuso que "en la misma denuncia primaria dejamos claramente expuesto la deficiente prestación del servicio, la degradación de las instalaciones existentes, reiteradas situaciones de emergencia en dependencias sensibles como hospitales, escuelas, comercios, donde lo que se había comprometido jamás llegó, y por supuesto los constantes cortes en el suministro. En razón de todo ello es que se promovió una demanda por daños y perjuicios por la suma de poco mas de 87 millones de pesos", evocó.
Refirió a que estos incumplimientos llevó a que la población formoseña "padeciera una mala prestación del servicio, de ahí la intervención de la sociedad primeramente y finalmente la revocación de la concesión, todo de acuerdo a lo que establecen las normas legales".
Acerca de las conductas imputadas ya inicialmente a los directores, administradores, accionistas, responsables y controlantes de Edefor SA, señaló el "daño a la propiedad de los bienes del estado que tenía a su cargo, a partir de la falta de mantenimiento y vaciamiento de los mismos".
Ya en aquel entonces efectuó la denuncia por el delito de "Administración fraudulenta agravada por resultar en perjuicio de la administración pública", y ahora la ampliación de la misma, que a decir de la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, se da a partir de surgir importantes informes -dada la acción desde la justicia Suiza por "lavado de dinero" contra el empresario- que importan y mucho en relación a la denuncia hecha por la provincia. Incluso se pidió que se coordinen las investigaciones con el magistrado de aquel país y que se colabore con éste y otros jueces argentinos que también entienden en causas contra Taselli y sus socios.
Evocó la Fiscal que el "estado provincial ante las primeras advertencias de la posibilidad de este accionar, dispuso la intervención de la empresa Edefor SA, luego su expropiación y la denuncia penal contra de sus administradores. Y ahora estamos ampliando la misma, porque el Ejecutivo Provincial así lo dispuso a fin de que la justicia juzgue a quienes resulten responsables del vaciamiento de la empresa y al mismo tiempo se otorgue el resarcimiento económico que corresponde a la provincia por los graves perjuicios".
Insistió en enfatizar que esta ampliación obedece a que "la provincia ejerce sus derechos", y en este caso a partir de surgir importantes informes -dada la acción desde la justicia Suiza por "lavado de dinero" contra el empresario- que importan y mucho en relación a la denuncia hecha por la provincia.
"Todo esto lo hacemos porque recibimos precisas instrucciones en este sentido de parte del gobernador Gildo Insfrán desde el mismo momento en que se iniciaron las medidas contra la empresa Edefor SA. Se pidieron medidas con carácter de urgente desde un principio, y en ningún momento se dejó de trabajar en esto, por lo que mucho de lo que se dice en contrario, carece de veracidad; por lo que el PEP y no de ahora, sino desde hace ya mucho cuando se dispusieron las medidas contra la empresa", enfatizó la doctora Zabala de Copes.
"Reiterados e intolerables incumplimientos"
Se alude en el planteo judicial que la provincia otorgó la concesión exclusiva de la prestación del servicio de energía eléctrica a la sociedad Edefor SA, y que pese a las obligaciones asumidas por la misma (atender incremento de la demanda, calidad y otras), "fueron constantes, reiterados e intolerables los incumplimientos".
Expuso que "en la misma denuncia primaria dejamos claramente expuesto la deficiente prestación del servicio, la degradación de las instalaciones existentes, reiteradas situaciones de emergencia en dependencias sensibles como hospitales, escuelas, comercios, donde lo que se había comprometido jamás llegó, y por supuesto los constantes cortes en el suministro. En razón de todo ello es que se promovió una demanda por daños y perjuicios por la suma de poco mas de 87 millones de pesos", evocó.
Refirió a que estos incumplimientos llevó a que la población formoseña "padeciera una mala prestación del servicio, de ahí la intervención de la sociedad primeramente y finalmente la revocación de la concesión, todo de acuerdo a lo que establecen las normas legales".
Acerca de las conductas imputadas ya inicialmente a los directores, administradores, accionistas, responsables y controlantes de Edefor SA, señaló el "daño a la propiedad de los bienes del estado que tenía a su cargo, a partir de la falta de mantenimiento y vaciamiento de los mismos".