Con la aprobación del decreto 669 que ad-referendum de la Legislatura remitió el Poder Ejecutivo, los diputados del justicialismo y los radicales, coincidieron unánimemente en que la distribuidora dejara de prestar el servicio eléctrico.
La Legislatura Provincial aprobó en la tarde-noche de ayer y por unanimidad de sus miembros, el decreto del gobernador Gildo Insfrán que dispuso la intervención de la distribuidora Edefor SA, para en forma inmediata ser el estado formoseño quién se haga cargo de la gestión, distribución y comercialización del sistema eléctrico en toda la provincia.
Lo aprobado fue el decreto 669 que ad-referendum de la Legislatura remitió el Poder Ejecutivo, el cual tanto los diputados del justicialismo como los radicales, coincidieron en que la distribuidora dejara de prestar el servicio eléctrico.
La medida se fundó en el "incumplimiento del contrato de concesión" por parte de la distribuidora, la cual desde hace ya bastante tiempo viene siendo severamente cuestionada por las severas deficiencias en la calidad del servicio que venía prestando.
El diputado provincial del PJ, Agustín Samaniego, dijo que "acompañamos esta decisión del PEP de intervenir la empresa Edefor SA dado el incumplimiento del contrato de concesión que arrancó en el año 1995", al tiempo de marcar que "hemos cumplido con las diferentes instancias legales-administrativas a fin de que se pudiera trabajar hacia un buen servicio. Para ello es el estado el que se hace cargo de la gestión, distribución y comercialización del sistema eléctrico en toda la provincia".
Sostuvo que "la población debe quedarse tranquila, se le garantiza el servicio y también la decisión de encarar un plan de obras e inversiones, para que el crecimiento de nuestra sociedad y de todo el aparato productivo sea acompañado con una eficaz prestación", de todos modos clarificó que "comparando con el año 1995 hemos triplicado el consumo, con lo cual nuestra matriz energética es mucho más importante".
"Seguramente se piensa en la inmediatez en que se mejore el servicio, pero somos optimistas en que el plan de inversiones del estado a través de la intervención logre optimizar la prestación en el suministro eléctrico, acompañando se esa manera la sostenida mejora en la calidad de vida de los formoseños y que también dentro de este servicio básico se cumpla con una distribución equitativa", significó el legislador justicialista.
En salvaguarda de los formoseños
Por su parte, el administrador del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Hugo Córdoba, indicó que desde ese organismo se elevaron todas "las actuaciones sobre los incumplimientos en los que incurrió la empresa, en realidad los viene infringiendo", explicando que "el Ejecutivo tomó la decisión de realizar esta intervención en salvaguarda del interés de todos los usuarios formoseños".
Sostuvo que "se han seguido los pasos previstos en el contrato de concesión, disponiendo una intervención para que tome las decisiones que correspondan a fin de que se preste un servicio acorde a lo que nos merecemos".
Córdoba explicó que "el contrato de concesión es por 50 años y esta subdividido en periodos de gestión de diez años de duración cada uno. El primero de esos periodos se cumplió en el marco de una ley de emergencia económica, por eso se prorrogó más allá de los diez años (desde 1995)", dejando en claro que "acá no hay una rescisión sino una intervención, y todo siguiendo los mecanismos previstos dentro del contrato de concesión. Y esto porque las cosas se deben hacer bien, de otra manera luego terminamos pagando todo".
Lo aprobado fue el decreto 669 que ad-referendum de la Legislatura remitió el Poder Ejecutivo, el cual tanto los diputados del justicialismo como los radicales, coincidieron en que la distribuidora dejara de prestar el servicio eléctrico.
La medida se fundó en el "incumplimiento del contrato de concesión" por parte de la distribuidora, la cual desde hace ya bastante tiempo viene siendo severamente cuestionada por las severas deficiencias en la calidad del servicio que venía prestando.
El diputado provincial del PJ, Agustín Samaniego, dijo que "acompañamos esta decisión del PEP de intervenir la empresa Edefor SA dado el incumplimiento del contrato de concesión que arrancó en el año 1995", al tiempo de marcar que "hemos cumplido con las diferentes instancias legales-administrativas a fin de que se pudiera trabajar hacia un buen servicio. Para ello es el estado el que se hace cargo de la gestión, distribución y comercialización del sistema eléctrico en toda la provincia".
Sostuvo que "la población debe quedarse tranquila, se le garantiza el servicio y también la decisión de encarar un plan de obras e inversiones, para que el crecimiento de nuestra sociedad y de todo el aparato productivo sea acompañado con una eficaz prestación", de todos modos clarificó que "comparando con el año 1995 hemos triplicado el consumo, con lo cual nuestra matriz energética es mucho más importante".
"Seguramente se piensa en la inmediatez en que se mejore el servicio, pero somos optimistas en que el plan de inversiones del estado a través de la intervención logre optimizar la prestación en el suministro eléctrico, acompañando se esa manera la sostenida mejora en la calidad de vida de los formoseños y que también dentro de este servicio básico se cumpla con una distribución equitativa", significó el legislador justicialista.
En salvaguarda de los formoseños
Por su parte, el administrador del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Hugo Córdoba, indicó que desde ese organismo se elevaron todas "las actuaciones sobre los incumplimientos en los que incurrió la empresa, en realidad los viene infringiendo", explicando que "el Ejecutivo tomó la decisión de realizar esta intervención en salvaguarda del interés de todos los usuarios formoseños".
Sostuvo que "se han seguido los pasos previstos en el contrato de concesión, disponiendo una intervención para que tome las decisiones que correspondan a fin de que se preste un servicio acorde a lo que nos merecemos".
Córdoba explicó que "el contrato de concesión es por 50 años y esta subdividido en periodos de gestión de diez años de duración cada uno. El primero de esos periodos se cumplió en el marco de una ley de emergencia económica, por eso se prorrogó más allá de los diez años (desde 1995)", dejando en claro que "acá no hay una rescisión sino una intervención, y todo siguiendo los mecanismos previstos dentro del contrato de concesión. Y esto porque las cosas se deben hacer bien, de otra manera luego terminamos pagando todo".