En audiencia pública marcan que será solución de fondo para la gente. Piden minimizar efecto en lo ambiental y especial atención a comunidades aborígenes.
En el marco de la audiencia pública de ayer en Ingeniero Juárez donde se expuso el estudio de impacto ambiental del proyecto de obra del Gasoducto del Norte, se significó que el proyecto traerá una solución de fondo con un servicio fundamental que requiere la comunidad, aunque del mismo modo se solicitó que durante la ejecución de los trabajos se minimicen al máximo los efectos en la flora, fauna, suelo, inclusive de manera especial en torno a las comunidades aborígenes.
Como estaba prevista, la audiencia se celebró en la Escuela Nº 24 de Ingeniero Juárez, herramienta -donde Formosa marca punta a nivel país- que está encuadrada en la ley 1060 y decreto provincial 577, tuvo como propósito el análisis del estudio de impacto ambiental de la Gasoducto del NEA. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca sostuvo que "será otra obra que demuestra que el estado busca soluciones de fondo para necesidades de la comunidad, en este caso se trata de la posibilidad de que el gas natural llegue a los hogares en regiones como la nuestra que depende exclusivamente de la garrafa".
El proceso se desarrolló con total normalidad, en el marco de lo previsto por la Ley Provincial Nº 1060 de Objetivos y Alcance de la Política Ecológica y Ambiental de la Provincia y el Decreto Reglamentario 557/98.
El tribunal de la audiencia estuvo integrado por el flamante subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia, Hugo Bay, la asesora Letrada General del Poder Ejecutivo, María Rosa Bojorque y el asesor del área ambiental provincial con rango de subsecretario, Horacio Zambón, el intendente juarence Cristino Mendoza, el presidente de la comisión de fomento de Gran Guardia, Sergio Omar de Madariaga, autoridades provinciales, municipales y público en general.
La Defensoría manifestó el total apoyo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ( EsIA ) relativo a la obra del Gasoducto del Nordeste, red troncal, en el tramo que atraviesa el territorio provincial, aseverando que el proyecto es otra prueba más de que el Estado va tras las soluciones a problemas de fondo de la comunidad, en este caso, que el gas natural llegue a los hogares formoseños.
Más allá de las observaciones particulares realizadas por el Gialluca al EsIA, el Organismo de la Constitución planteó la inquietud a la consultora del proyecto para que formule ajustes en lo que respecta a la caracterización de los factores bióticos y abióticos de la zona que será sometida a la ejecución de la obra, pues se puede observar que, como principales referencias, se citan trabajos elaborados hace décadas los que, si bien cuentan con la autoridad del rigor científico en su elaboración, no se puede afirmar que, actualmente, se mantengan las condiciones descriptas en los documentos fruto de dichas labores investigativas.
Asimismo, la Defensoría propuso antes que la aplicación de los niveles guía para el mantenimiento de la calidad del aire y el agua, sugeridos por el Estudio de Impacto, ley 5965, de la Provincia de Buenos Aires, norma que cuenta con más de 30 años, sean considerados más bien los parámetros estatuidos en los decretos 674/89 y 776/92 que establecen la aplicación de "derechos especiales para el control de la contaminación" y penalidades con alcance para la ciudad de Buenos Aires y partidos suburbanos, normas que son consideradas como las más tuitivas del Ambiente y que establecen los "límites permisibles" a partir de los cuales se considera que se está contaminando y comienzan a aplicarse los derechos especiales.
En especial la Defensoría solicitó que tanto la Constitución Provincial, artículos 48 y 79, así como la Ley Integral del Aborigen Nº 426 sean tenidas en cuenta como normas madres para evitar el impacto ambiental negativo de la obra, en particular la afectación del patrimonio socio-cultural de los pueblos originarios afectados por la traza del proyecto. Peticionándose, en este sentido, especial atención a los aportes que pudieran llegar a realizar el Instituto de Comunidades Aborígenes ( ICA ) y la posibilidad de oír los aportes de las asambleas comunitarias.
Por último, Gialluca, solicitó auditorías ambientales externas durante todas las etapas de la obra, que las mismas se realicen por organismos no vinculados contractualmente con la ejecutora y que la fiscalización para verificar el cumplimiento de los presupuestos ambientales se realice cada 15 y no 30 días como se tiene previsto, así como que se comuniquen, de manera inmediata a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia la producción de eventos que pudieran causar impactos ambientales negativos en las zonas de influencia del gasoducto.
Como estaba prevista, la audiencia se celebró en la Escuela Nº 24 de Ingeniero Juárez, herramienta -donde Formosa marca punta a nivel país- que está encuadrada en la ley 1060 y decreto provincial 577, tuvo como propósito el análisis del estudio de impacto ambiental de la Gasoducto del NEA. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca sostuvo que "será otra obra que demuestra que el estado busca soluciones de fondo para necesidades de la comunidad, en este caso se trata de la posibilidad de que el gas natural llegue a los hogares en regiones como la nuestra que depende exclusivamente de la garrafa".
El proceso se desarrolló con total normalidad, en el marco de lo previsto por la Ley Provincial Nº 1060 de Objetivos y Alcance de la Política Ecológica y Ambiental de la Provincia y el Decreto Reglamentario 557/98.
El tribunal de la audiencia estuvo integrado por el flamante subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia, Hugo Bay, la asesora Letrada General del Poder Ejecutivo, María Rosa Bojorque y el asesor del área ambiental provincial con rango de subsecretario, Horacio Zambón, el intendente juarence Cristino Mendoza, el presidente de la comisión de fomento de Gran Guardia, Sergio Omar de Madariaga, autoridades provinciales, municipales y público en general.
La Defensoría manifestó el total apoyo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental ( EsIA ) relativo a la obra del Gasoducto del Nordeste, red troncal, en el tramo que atraviesa el territorio provincial, aseverando que el proyecto es otra prueba más de que el Estado va tras las soluciones a problemas de fondo de la comunidad, en este caso, que el gas natural llegue a los hogares formoseños.
Más allá de las observaciones particulares realizadas por el Gialluca al EsIA, el Organismo de la Constitución planteó la inquietud a la consultora del proyecto para que formule ajustes en lo que respecta a la caracterización de los factores bióticos y abióticos de la zona que será sometida a la ejecución de la obra, pues se puede observar que, como principales referencias, se citan trabajos elaborados hace décadas los que, si bien cuentan con la autoridad del rigor científico en su elaboración, no se puede afirmar que, actualmente, se mantengan las condiciones descriptas en los documentos fruto de dichas labores investigativas.
Asimismo, la Defensoría propuso antes que la aplicación de los niveles guía para el mantenimiento de la calidad del aire y el agua, sugeridos por el Estudio de Impacto, ley 5965, de la Provincia de Buenos Aires, norma que cuenta con más de 30 años, sean considerados más bien los parámetros estatuidos en los decretos 674/89 y 776/92 que establecen la aplicación de "derechos especiales para el control de la contaminación" y penalidades con alcance para la ciudad de Buenos Aires y partidos suburbanos, normas que son consideradas como las más tuitivas del Ambiente y que establecen los "límites permisibles" a partir de los cuales se considera que se está contaminando y comienzan a aplicarse los derechos especiales.
En especial la Defensoría solicitó que tanto la Constitución Provincial, artículos 48 y 79, así como la Ley Integral del Aborigen Nº 426 sean tenidas en cuenta como normas madres para evitar el impacto ambiental negativo de la obra, en particular la afectación del patrimonio socio-cultural de los pueblos originarios afectados por la traza del proyecto. Peticionándose, en este sentido, especial atención a los aportes que pudieran llegar a realizar el Instituto de Comunidades Aborígenes ( ICA ) y la posibilidad de oír los aportes de las asambleas comunitarias.
Por último, Gialluca, solicitó auditorías ambientales externas durante todas las etapas de la obra, que las mismas se realicen por organismos no vinculados contractualmente con la ejecutora y que la fiscalización para verificar el cumplimiento de los presupuestos ambientales se realice cada 15 y no 30 días como se tiene previsto, así como que se comuniquen, de manera inmediata a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente de la Provincia la producción de eventos que pudieran causar impactos ambientales negativos en las zonas de influencia del gasoducto.