La Argentina estuvo representada por la provincia de Formosa en el V Congreso del sistema nacional de Defensa del Consumidor de Brasil, durante tres jornadas en Florianópolis.
La Argentina estuvo representada por la provincia de Formosa en el V Congreso del sistema nacional de Defensa del Consumidor de Brasil, que se desarrolló durante tres jornadas en Florianópolis, y donde se avanzó en las posibilidades de establecer políticas comunes vinculadas a la tutela del estado por el respeto de los derechos de los consumidores.
Este encuentro se lleva a cabo una vez por año en el país vecino, y en esta ocasión invitaron a Argentina a tomar parte del mismo, siendo elegido el arquitecto Edgar Pérez, que además de ser subsecretario de Defensa del Consumidor de la Provincia, ejerce la presidencia como del COFEDEC.
Para tener una idea de la relevancia del congreso, entre sus asistentes se contaron al ministro de Justicia del Brasil, Tarso Genro, la secretaria de Derechos Económicos, Mariana Tabares, el gobernador del estado de Santa Catarina, secretario de Justicia de Brasil, los secretarios de Justicia y de Seguridad Pública del estado de Curitiba, representantes de los organismos de defensa del consumidor de todos los estados del Brasil, de las oficinas municipales de cada estado, las principales asociaciones de defensa del consumidor y de la directora a cargo del departamento de Protección y Defensa al Consumidor del Ministerio de Justicia del Brasil.
En dicho congreso anual cada uno de los disertantes expuso sobre diversas situaciones que afectan a los servicios públicos y su fiscalización, los procesos de regulación, telefonía fija y móvil, servicio de Internet, la construcción conjunta de una política conjunta de fiscalización y una agenda de trabajo entre los sectores público-privado.
Se abordó también la necesidad de integración entre los propios estados del Brasil y el trabajo conjunto y necesario con los países del Mercosur, fundamentalmente con aquellos que mayores relaciones comerciales y de servicios se tienen, tal el caso de la Argentina, para lo cual se propone el desarrollo de una nueva agenda de defensa del consumidor de la que participen todos los sectores y los países del Mercosur.
"Este congreso permitió además visualizar claramente que existen problemas comunes a ambos países, generados por empresas asentadas tanto en Argentina como en todo el Mercosur, y esto motiva que ante problemas comunes podamos generar mecanismos de soluciones comunes que integren a los consumidores de esta región. Y esta agenda de temas son los que se construyen en las reiteradas reuniones que se realizan a través de la comisión de trabajo del Mercosur de Defensa del Consumidor (CT7), que reúne a todos los organismos nacionales de los países integrantes del Mercosur", indicó Pérez.
Postura argentina
En su ponencia, Pérez hizo referencia al planteo común: construir ciudadanía. Y que en todas las políticas públicas de nuestros estados, se pueda consolidar la presencia común de este ciudadano consumidor que resignifica la democracia, o mejor aún la cosa de todos".
Coincidió en la búsqueda de determinados objetivos comunes, respetando parecidos y diferencias, entendiendo que es hora de jerarquizar la discusión en esta temática dentro del Mercosur, incluyendo tópicos que usualmente tienen poca cabida, quizás porque encuentran dificultades a la hora de ser incluidos dentro de los alcances del "mercado".
"Nos referimos, por ejemplo, a la mejora y más equitativa distribución de la riqueza y a la inclusión social, a partir de garantizar el accesos los bienes de consumo, todo ello a partir del respeto y defensa de los derechos del consumidor. El desafió del ahora para el Estado y para las organizaciones libres del pueblo, entre otros actores relevantes, es terminar con las desigualdades que subyacen en torno a la sociedad de consumo", significó.
Subrayó que "la acción del Estado, en tutela del interés colectivo (que trasciende el beneficio individual), encuentra legitimidad por la sola naturaleza de estos asuntos. Quizás podamos discutir (y de hecho, la discusión ya ha sido planteada en diversos ámbitos), sobre los mecanismo más idóneos para el logro de estos objetivos."
Afirmó que "también el Estado debe velar por los derechos de aquél que se muestra como el más débil. Por ello, no sólo se trata de defender el correcto funcionamiento del mercado, sino también brindar una adecuada defensa de los intereses del consumidor".
Amplió ello señalando que "así lo entiende nuestro gobierno nacional cuando nuestra presidenta manifiesta que uno de los primeros objetivos de este gobierno fue garantizar el acceso a los alimentos, por eso el estado ha intervenido para cuidar la mesa de los argentinos y lograr precios accesibles a través de políticas activas construidas en base a los acuerdos con el sector privado, pero también ha intervenido para cuidar al productor por ejemplo garantizándole la tenencia de la tierra para producir".
También subrayó el hecho de que "las políticas conjuntas nación-provincia de nuestro gobierno van mas allá, ya que debemos hoy mas que nunca cuidar nuestro mercado interno, porque como bien lo define nuestra presidenta, es un pilar fundamental para sostener el nivel de actividad, para que nuestros trabajadores sigan teniendo empleo y puedan producir, para que lo producido pueda seguir siendo comprado por los consumidores".
Concluyó sosteniendo que "la defensa irrestricta de los intereses de quienes consumen bienes y servicios -el consumidor- debe ser el horizonte de actuación inmediata, tal como hasta ahora lo vienen haciendo los organismos colegas, tanto del Estado Nacional como los del resto del MERCOSUR y de cada una de las provincias. Pero además, hemos de agudizar el ingenio para que esta materia sea una eficaz herramienta de redistribución de la riqueza con justicia social. Dada que esta es una sociedad de consumo para algunos y de apetencia para otros".
Este encuentro se lleva a cabo una vez por año en el país vecino, y en esta ocasión invitaron a Argentina a tomar parte del mismo, siendo elegido el arquitecto Edgar Pérez, que además de ser subsecretario de Defensa del Consumidor de la Provincia, ejerce la presidencia como del COFEDEC.
Para tener una idea de la relevancia del congreso, entre sus asistentes se contaron al ministro de Justicia del Brasil, Tarso Genro, la secretaria de Derechos Económicos, Mariana Tabares, el gobernador del estado de Santa Catarina, secretario de Justicia de Brasil, los secretarios de Justicia y de Seguridad Pública del estado de Curitiba, representantes de los organismos de defensa del consumidor de todos los estados del Brasil, de las oficinas municipales de cada estado, las principales asociaciones de defensa del consumidor y de la directora a cargo del departamento de Protección y Defensa al Consumidor del Ministerio de Justicia del Brasil.
En dicho congreso anual cada uno de los disertantes expuso sobre diversas situaciones que afectan a los servicios públicos y su fiscalización, los procesos de regulación, telefonía fija y móvil, servicio de Internet, la construcción conjunta de una política conjunta de fiscalización y una agenda de trabajo entre los sectores público-privado.
Se abordó también la necesidad de integración entre los propios estados del Brasil y el trabajo conjunto y necesario con los países del Mercosur, fundamentalmente con aquellos que mayores relaciones comerciales y de servicios se tienen, tal el caso de la Argentina, para lo cual se propone el desarrollo de una nueva agenda de defensa del consumidor de la que participen todos los sectores y los países del Mercosur.
"Este congreso permitió además visualizar claramente que existen problemas comunes a ambos países, generados por empresas asentadas tanto en Argentina como en todo el Mercosur, y esto motiva que ante problemas comunes podamos generar mecanismos de soluciones comunes que integren a los consumidores de esta región. Y esta agenda de temas son los que se construyen en las reiteradas reuniones que se realizan a través de la comisión de trabajo del Mercosur de Defensa del Consumidor (CT7), que reúne a todos los organismos nacionales de los países integrantes del Mercosur", indicó Pérez.
Postura argentina
En su ponencia, Pérez hizo referencia al planteo común: construir ciudadanía. Y que en todas las políticas públicas de nuestros estados, se pueda consolidar la presencia común de este ciudadano consumidor que resignifica la democracia, o mejor aún la cosa de todos".
Coincidió en la búsqueda de determinados objetivos comunes, respetando parecidos y diferencias, entendiendo que es hora de jerarquizar la discusión en esta temática dentro del Mercosur, incluyendo tópicos que usualmente tienen poca cabida, quizás porque encuentran dificultades a la hora de ser incluidos dentro de los alcances del "mercado".
"Nos referimos, por ejemplo, a la mejora y más equitativa distribución de la riqueza y a la inclusión social, a partir de garantizar el accesos los bienes de consumo, todo ello a partir del respeto y defensa de los derechos del consumidor. El desafió del ahora para el Estado y para las organizaciones libres del pueblo, entre otros actores relevantes, es terminar con las desigualdades que subyacen en torno a la sociedad de consumo", significó.
Subrayó que "la acción del Estado, en tutela del interés colectivo (que trasciende el beneficio individual), encuentra legitimidad por la sola naturaleza de estos asuntos. Quizás podamos discutir (y de hecho, la discusión ya ha sido planteada en diversos ámbitos), sobre los mecanismo más idóneos para el logro de estos objetivos."
Afirmó que "también el Estado debe velar por los derechos de aquél que se muestra como el más débil. Por ello, no sólo se trata de defender el correcto funcionamiento del mercado, sino también brindar una adecuada defensa de los intereses del consumidor".
Amplió ello señalando que "así lo entiende nuestro gobierno nacional cuando nuestra presidenta manifiesta que uno de los primeros objetivos de este gobierno fue garantizar el acceso a los alimentos, por eso el estado ha intervenido para cuidar la mesa de los argentinos y lograr precios accesibles a través de políticas activas construidas en base a los acuerdos con el sector privado, pero también ha intervenido para cuidar al productor por ejemplo garantizándole la tenencia de la tierra para producir".
También subrayó el hecho de que "las políticas conjuntas nación-provincia de nuestro gobierno van mas allá, ya que debemos hoy mas que nunca cuidar nuestro mercado interno, porque como bien lo define nuestra presidenta, es un pilar fundamental para sostener el nivel de actividad, para que nuestros trabajadores sigan teniendo empleo y puedan producir, para que lo producido pueda seguir siendo comprado por los consumidores".
Concluyó sosteniendo que "la defensa irrestricta de los intereses de quienes consumen bienes y servicios -el consumidor- debe ser el horizonte de actuación inmediata, tal como hasta ahora lo vienen haciendo los organismos colegas, tanto del Estado Nacional como los del resto del MERCOSUR y de cada una de las provincias. Pero además, hemos de agudizar el ingenio para que esta materia sea una eficaz herramienta de redistribución de la riqueza con justicia social. Dada que esta es una sociedad de consumo para algunos y de apetencia para otros".