La Defensoría del Pueblo de Formosa, remitió actuaciones requiriendo estudiar la cadena de comercialización de los productos alimenticios para poder transparentar el circuito económico
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, remitió formales actuaciones al titular del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a cargo de Carlos Fernández, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Fellner, a la vicepresidente, Patricia Vaca Narvaja y a la comisión de Economía y Desarrollo Regional a cargo de la legisladora formoseña Graciela De La Rosa, a los cuales, con los antecedentes correspondientes, se les requirió estudiar la cadena de comercialización de los productos alimenticios para así poder transparentar el circuito económico sobre la base de la diferencia de lo que abona por las mercaderías el consumidor final y la rentabilidad que recibe, finalmente, el productor.
En este contexto, el Organismo de la Constitución, pidió expresamente que en lo que respecta al consumo se privilegie el mercado interno frente a los precios de exportación, poniéndose como ejemplo a la producción lechera y de carnes donde las partes, productor y consumidor, se ven perjudicados; el primero, porque no se le paga lo que le corresponde, conforme el esfuerzo que pone en producir y el consumidor, por otro lado, termina pagando fortunas luego de que los lácteos o cárnicos, por ejemplo, atraviesan interminables cadenas de intermediación.
Por eso, desde la Defensoría se peticionó a las más altas autoridades nacionales en materia económica nacional y a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, que se estudie la cadena de comercialización, para ver realmente cuales son las distorsiones y poder explicar por que, a los consumidores, nos llegan los precios que nos llegan, siendo que en la base de producción son tan bajos.
Se nos anunció que, siguiendo la lógica, el precio de la carne tendría que bajar, como consecuencia de la oferta existente, sin embargo se da todo lo contrario los cortes aumentan.
Por ello el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, consideró extremadamente exorbitante al precio de los alimentos básicos que se acercan a valores casi de exportación.
Semejante subas, afectan a todas las franjas sociales que componen la comunidad, especialmente a las económicamente menos pudientes.
Es por ello, que la Defensoría del Pueblo propuso a las autoridades nacionales, que se ponga en marcha, con la urgencia que el caso amerita, "algún sistema que prevea precios para la exportación y otro, al mismo tiempo, para el mercado interno", aplicado a los alimentos que integran la canasta básica, por lo que estudiar toda la cadena de comercialización y de distribución es fundamental para ver que esta pasando desde que sale el producto hasta que llega al consumidor final.
Por último, desde la Defensoría del Pueblo se pidió prudencia y conciencia a los consumidores locales, para que se den cuenta de que el poder lo tenemos nosotros y cuando un producto aumenta indiscriminadamente o un comercio eleva en forma exorbitante los costos de las mercaderías que ofrece, no hay que comprar el producto de precio inflado o, en los casos más extremos, no comprar en ese lugar, más aún, en estos momentos, donde el Gobierno de la Provincia esta volcando al mercado local en forma conjunta el pago de sueldos y aguinaldos a la gran masa de empleados públicos, instándose a los comerciantes de nuestro medio, dentro de sus márgenes de ganancias razonables, a buscar los mecanismos para que los productos de la canasta básica alimentaria no escapen de los valores accesibles para todos los formoseños.
En este contexto, el Organismo de la Constitución, pidió expresamente que en lo que respecta al consumo se privilegie el mercado interno frente a los precios de exportación, poniéndose como ejemplo a la producción lechera y de carnes donde las partes, productor y consumidor, se ven perjudicados; el primero, porque no se le paga lo que le corresponde, conforme el esfuerzo que pone en producir y el consumidor, por otro lado, termina pagando fortunas luego de que los lácteos o cárnicos, por ejemplo, atraviesan interminables cadenas de intermediación.
Por eso, desde la Defensoría se peticionó a las más altas autoridades nacionales en materia económica nacional y a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, que se estudie la cadena de comercialización, para ver realmente cuales son las distorsiones y poder explicar por que, a los consumidores, nos llegan los precios que nos llegan, siendo que en la base de producción son tan bajos.
Se nos anunció que, siguiendo la lógica, el precio de la carne tendría que bajar, como consecuencia de la oferta existente, sin embargo se da todo lo contrario los cortes aumentan.
Por ello el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, consideró extremadamente exorbitante al precio de los alimentos básicos que se acercan a valores casi de exportación.
Semejante subas, afectan a todas las franjas sociales que componen la comunidad, especialmente a las económicamente menos pudientes.
Es por ello, que la Defensoría del Pueblo propuso a las autoridades nacionales, que se ponga en marcha, con la urgencia que el caso amerita, "algún sistema que prevea precios para la exportación y otro, al mismo tiempo, para el mercado interno", aplicado a los alimentos que integran la canasta básica, por lo que estudiar toda la cadena de comercialización y de distribución es fundamental para ver que esta pasando desde que sale el producto hasta que llega al consumidor final.
Por último, desde la Defensoría del Pueblo se pidió prudencia y conciencia a los consumidores locales, para que se den cuenta de que el poder lo tenemos nosotros y cuando un producto aumenta indiscriminadamente o un comercio eleva en forma exorbitante los costos de las mercaderías que ofrece, no hay que comprar el producto de precio inflado o, en los casos más extremos, no comprar en ese lugar, más aún, en estos momentos, donde el Gobierno de la Provincia esta volcando al mercado local en forma conjunta el pago de sueldos y aguinaldos a la gran masa de empleados públicos, instándose a los comerciantes de nuestro medio, dentro de sus márgenes de ganancias razonables, a buscar los mecanismos para que los productos de la canasta básica alimentaria no escapen de los valores accesibles para todos los formoseños.