Organizadas por el Ministerio de Gobierno, comenzaron este lunes las "Jornadas de Intervención para la Atención, Orientación y Verificación de Personas Víctimas de Violencia Familiar".
Organizadas por el Ministerio de Gobierno, comenzaron este lunes las "Jornadas de Intervención para la Atención, Orientación y Verificación de Personas Víctimas de Violencia Familiar", que se realizan en el Galpón "C" del Paseo Costanero. El amplio programa donde destacados profesionales se encuentran exponiendo continuará en la fecha.
Participan de la capacitación agentes de policía del NEA, funcionarios que trabajan con esta problemática, encabezados por la coordinadora nacional, Evelin Garrote y el ministro de Gobierno, Jorge Abel González.
La funcionaria explicó que durante las jornadas se tratará un protocolo base, elaborado por grupo interdisciplinario, con aportes de representantes del Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Interior y el Ministerio Fiscal, que en cada provincia se nutrirá de aportes propios de cada idiosincrasia.
"La comisión conformó un proyecto base que fue puesto en el debate nacional, ahora estamos discutiéndolo para su puesta en funcionamiento. Capacita a aquel personal que esté en comisarías o que por su función esté en contacto con las víctimas de violencia familiar. Es una jornada de integración de miradas, de puesta en común, de esta problemática que tiene particularidades de acuerdo a las víctimas de este delito", explicó.
Señaló que "hay distintos abordajes que tienen que ver con esto, hay que hacer un trabajo para que se visualice como delito, porque en muchos lugares cuando son problemas familiares, pareciera que son privados y la policía no tiene las herramientas" y añadió que "este protocolo tiene contenidos mínimos, busca dar un marco nacional, cada jurisdicción le incorporará sus matices de acuerdo a su cultura en particular".
Es dable señalar que diferentes estamentos del estado, como las secretarias de la Mujer y de Desarrollo Social, también tienen direccionadas una serie de políticas sobre esta problemática. Justamente, los responsables de ambos organismos, Ana María del Riccio y Fabián Pino, respectivamente, coincidieron en señalar ayer que este tipo de jornadas forman parte de la varias herramientas que el gobierno dispuso a fin de ir fortaleciendo el abordaje sobre la violencia familiar en todos sus tipos.
Una ley especifica
Se explicó que en la provincia de Formosa se encuentra en vigencia la Ley Provincial Nº 1.160 de Violencia Familiar, la cual prevé que toda persona que sufre lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar (entendido este como el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho) podrá denunciar los actos violentos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas.
Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público y/o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, pudiendo hacer reserva de su identidad. Asimismo el menor o incapaz puede, directamente, solicitar la intervención del Ministerio Público.
La citada norma, además, prevé que los servicios asistenciales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público, en razón de su labor, estarán obligados a efectuar la denuncia en los casos en que medie violencia familiar. Y justamente sobre ese punto en particular es que se viene propiciando la coordinación y articulación de los diversos estamentos del estado, con competencia, a fin de optimizar los recursos con que se cuenta para así poder dar adecuada respuesta a un mal que está inserto en el seno social y que compromete aspectos muy delicados de la familia, considerada como integrada por todos aquellos que habitan bajo un mismo techo.
Participan de la capacitación agentes de policía del NEA, funcionarios que trabajan con esta problemática, encabezados por la coordinadora nacional, Evelin Garrote y el ministro de Gobierno, Jorge Abel González.
La funcionaria explicó que durante las jornadas se tratará un protocolo base, elaborado por grupo interdisciplinario, con aportes de representantes del Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Interior y el Ministerio Fiscal, que en cada provincia se nutrirá de aportes propios de cada idiosincrasia.
"La comisión conformó un proyecto base que fue puesto en el debate nacional, ahora estamos discutiéndolo para su puesta en funcionamiento. Capacita a aquel personal que esté en comisarías o que por su función esté en contacto con las víctimas de violencia familiar. Es una jornada de integración de miradas, de puesta en común, de esta problemática que tiene particularidades de acuerdo a las víctimas de este delito", explicó.
Señaló que "hay distintos abordajes que tienen que ver con esto, hay que hacer un trabajo para que se visualice como delito, porque en muchos lugares cuando son problemas familiares, pareciera que son privados y la policía no tiene las herramientas" y añadió que "este protocolo tiene contenidos mínimos, busca dar un marco nacional, cada jurisdicción le incorporará sus matices de acuerdo a su cultura en particular".
Es dable señalar que diferentes estamentos del estado, como las secretarias de la Mujer y de Desarrollo Social, también tienen direccionadas una serie de políticas sobre esta problemática. Justamente, los responsables de ambos organismos, Ana María del Riccio y Fabián Pino, respectivamente, coincidieron en señalar ayer que este tipo de jornadas forman parte de la varias herramientas que el gobierno dispuso a fin de ir fortaleciendo el abordaje sobre la violencia familiar en todos sus tipos.
Una ley especifica
Se explicó que en la provincia de Formosa se encuentra en vigencia la Ley Provincial Nº 1.160 de Violencia Familiar, la cual prevé que toda persona que sufre lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar (entendido este como el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho) podrá denunciar los actos violentos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas.
Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público y/o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, pudiendo hacer reserva de su identidad. Asimismo el menor o incapaz puede, directamente, solicitar la intervención del Ministerio Público.
La citada norma, además, prevé que los servicios asistenciales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público, en razón de su labor, estarán obligados a efectuar la denuncia en los casos en que medie violencia familiar. Y justamente sobre ese punto en particular es que se viene propiciando la coordinación y articulación de los diversos estamentos del estado, con competencia, a fin de optimizar los recursos con que se cuenta para así poder dar adecuada respuesta a un mal que está inserto en el seno social y que compromete aspectos muy delicados de la familia, considerada como integrada por todos aquellos que habitan bajo un mismo techo.