La Defensoría del Pueblo de la Provincia, planteó la necesidad de que el Gobierno Nacional intensifique las medidas para atenuar los desequilibrios socioeconómicos producidos en la región.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia, en el marco de la Reunión Plenaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ( ADPRA ) celebrado en la ciudad de Córdoba, capital, planteó la necesidad de que el Gobierno Nacional intensifique las medidas que lleva adelante para atenuar los desequilibrios socioeconómicos producidos en la región, especialmente en Formosa, como consecuencia del quiebre operado en la cadena de abastecimiento de bienes y servicios.
Entre los fundamentos dados por el Organismo de la Constitución para solicitar la intervención de ADPRA se expuso: " Que el valor de las mercaderías, a nivel local, ha sufrido un marcado incremento luego de las medidas de fuerza de ciertos sectores del campo; que, por el contrario, a casi un mes de levantados los piquetes emplazados en su oportunidad sobre rutas nacionales, los precios de los productos básicos aún no descienden; situación esta que ha causado estragos en la estructura social y económica de las Provincias del Nordeste Argentino ( NEA ), especialmente en Formosa y generado el campo propicio para la especulación que, lejos de buscar el sinceramiento de precios se empecina en la obtención de utilidades extraordinarias, alejadas de la realidad, cosa que hace necesaria una profunda revisión del circuito económico compuesto por la obtención de la materia prima, su elaboración en las industrias, el transporte y comercialización desde los grandes centros de producción, hasta los mayoristas, de ahí a los minoristas y a los consumidores, a fin de detectar y sancionar lo más severamente posible a los abusivos que buscan ganancias exorbitantes, pretendiendo sacar ventaja de una pretensa crisis que ya no es tal. El Dr. Gialluca, por su parte, abundó sobre el particular diciendo: " Hemos expuesto la particular situación en la que se halla inmerso el NEA, en general y nuestra Provincia, en particular, dado que todo quiebre en el normal tráfico de bienes y servicios nos afecta primeramente a las regiones del país mas alejadas y, por lo visto, prolonga sus efectos mucho tiempo después de terminada, consideramos preciso que nuestro Gobierno Federal, intensifique las acciones que lleva adelante para equiparar las condiciones de las grandes ciudades, cercanas al cordón industrial nacional, en las cuales la mayoría de los precios de las mercaderías se han retrotraído, no decimos a los valores de fines de marzo, pero están cerca. Sin perjuicio de que, como bien lo expresara el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fé y Presidente de ADPRA, Lic. Carlos Bermudez, los intereses sectoriales no pueden tomar de rehenes a 47 millones de argentinos, cada vez que tengan un reclamo que hacer llegar a la Casa Rosada, la Defensoría de Formosa, mantiene su postura de que el piquete, sin importar su motivación, es violatorio de los derechos fundamentales a libre circulación de personas y bienes, por todo el territorio del país, amparado por los arts. 10 y 14 de nuestra Constitución Nacional. En la Argentina, finalizó diciendo Gialluca, a la pérdida de vidas humanas que ya han causado los cortes de rutas, ahora hay que sumarle el terrible perjuicio económico para millones de argentinos, daños que podrían evitarse, si se piensa en que existen vías institucionales para plantear los reclamos dentro del marco de la vida democrática.
Entre los fundamentos dados por el Organismo de la Constitución para solicitar la intervención de ADPRA se expuso: " Que el valor de las mercaderías, a nivel local, ha sufrido un marcado incremento luego de las medidas de fuerza de ciertos sectores del campo; que, por el contrario, a casi un mes de levantados los piquetes emplazados en su oportunidad sobre rutas nacionales, los precios de los productos básicos aún no descienden; situación esta que ha causado estragos en la estructura social y económica de las Provincias del Nordeste Argentino ( NEA ), especialmente en Formosa y generado el campo propicio para la especulación que, lejos de buscar el sinceramiento de precios se empecina en la obtención de utilidades extraordinarias, alejadas de la realidad, cosa que hace necesaria una profunda revisión del circuito económico compuesto por la obtención de la materia prima, su elaboración en las industrias, el transporte y comercialización desde los grandes centros de producción, hasta los mayoristas, de ahí a los minoristas y a los consumidores, a fin de detectar y sancionar lo más severamente posible a los abusivos que buscan ganancias exorbitantes, pretendiendo sacar ventaja de una pretensa crisis que ya no es tal. El Dr. Gialluca, por su parte, abundó sobre el particular diciendo: " Hemos expuesto la particular situación en la que se halla inmerso el NEA, en general y nuestra Provincia, en particular, dado que todo quiebre en el normal tráfico de bienes y servicios nos afecta primeramente a las regiones del país mas alejadas y, por lo visto, prolonga sus efectos mucho tiempo después de terminada, consideramos preciso que nuestro Gobierno Federal, intensifique las acciones que lleva adelante para equiparar las condiciones de las grandes ciudades, cercanas al cordón industrial nacional, en las cuales la mayoría de los precios de las mercaderías se han retrotraído, no decimos a los valores de fines de marzo, pero están cerca. Sin perjuicio de que, como bien lo expresara el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fé y Presidente de ADPRA, Lic. Carlos Bermudez, los intereses sectoriales no pueden tomar de rehenes a 47 millones de argentinos, cada vez que tengan un reclamo que hacer llegar a la Casa Rosada, la Defensoría de Formosa, mantiene su postura de que el piquete, sin importar su motivación, es violatorio de los derechos fundamentales a libre circulación de personas y bienes, por todo el territorio del país, amparado por los arts. 10 y 14 de nuestra Constitución Nacional. En la Argentina, finalizó diciendo Gialluca, a la pérdida de vidas humanas que ya han causado los cortes de rutas, ahora hay que sumarle el terrible perjuicio económico para millones de argentinos, daños que podrían evitarse, si se piensa en que existen vías institucionales para plantear los reclamos dentro del marco de la vida democrática.