Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se indicó que las nuevas autoridades electas en el municipio capitalino decidirán sobre el servicio de transporte urbano de pasajeros.
Luego de superado lo más grave del conflicto sindical-gremial que se planteó en nuestra ciudad en relación al transporte público de pasajeros, el Defensor José Leonardo Gialluca explicó que "de ahora en adelante se presentan dos importantes frentes de trabajo; uno en el cual la Justicia Ordinaria debe actuar con todo el rigor que nuestro Código Penal determina, para los autores materiales y también intelectuales a determinarse sobre los hechos sucedidos".
"Los formoseños debemos saber quiénes financiaron y planearon estas acciones delictivas, recordemos que existen detenidos ciudadanos de: (48 de Misiones, 36 de Corrientes, 7 de Formosa que integraban la comisión directiva de UTA, 1 de Buenos Aires, 1 de Santiago del Estero y 2 del Chaco) los que estuvieron a punto de desatar una "verdadera masacre" en nuestra ciudad, poniendo en riesgo la integridad psicofísica hasta de los vecinos que residen en la zona del local de UTA-Formosa", expuso.
Amplió diciendo que "el otro frente está referido a la exigencia que hacemos desde el Organismo de la Constitución, en base a lo previsto en el artículo 153 de nuestra Carta Magna y por la cual demandamos soluciones razonables, reflexivas y no -interesadas- para dar una solución de fondo al servicio público esencial de pasajeros".
Por ello y dado que en algunas semanas más se dará un cambio de autoridades a nivel municipal en nuestra capital, es que desde la Defensoría "hemos pedido que se prorroguen como provisorias hasta fin de año las líneas que han sido llamadas a licitación y de esta manera permitir que el nuevo intendente electo junto a los también nuevos concejales determinen en base a antecedentes, nuevas políticas para el transporte público en nuestra ciudad que se quieran implementar".
En la misma línea se opinó acerca de "otras exigencias en las que se deberá ineludiblemente, condicionar legalmente a través de los instrumentos pertinentes, que quien preste el servicio de transporte público de pasajeros, cumplan en la práctica con las frecuencias en todas las líneas, no disminuir unidades de servicios los fines de semana o feriados, respetando siempre a todos los usuarios, con choferes que otorguen un "trato digno" a los pasajeros, que se verifiquen las obligaciones hacia los discapacitados y que en definitiva, "el transporte público sea algo normal y no un "calvario para los usuarios".
Concluyó Gialluca que para alcanzar lo antes descripto "debe existir una fuerte fiscalización y control sobre el mismo, ya que de lo contrario, por experiencia los únicos perjudicados son los vecinos y los empresarios no deben tener ninguna injerencia en lo que respecta al modo de prestación, recayendo para los citados únicamente obligaciones y los derechos deben estar siempre en manos del poder concedente y de los usuarios".
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Defensoría del Pueblo de Formosa integrará la directiva de ADPRA.
Se acaba de llevar adelante el cuarto plenario de ADPRA, entidad que agrupa a los Defensores del Pueblo de todo el país.
En dicha oportunidad los Defensores del Pueblo nucleados en el Norte Grande y que integran el NEA y NOA fueron electos para ocupar diferentes cargos entre los que sobre salen el Representante ante la FIO Dr. Martin Diaz Achaval Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Consejeros Titulares el Defensor del Pueblo de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca junto a su par de Jujuy, Rio Cuarto y de la Ciudad de Frías de la Provincia de Santiago del Estero, entre los más destacados, junto al representante del Observatorio de Derechos Humanos de las Defensorías del UNASUR; Marcelo Honores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La Presidencia recayó en el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Dr. Alejandro Amor y por las Defensorías Municipales el representante ante la FIO ? Federación Iberoamericana del Ombudsman fue designado el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén Dr. Ricardo Riva.
Se consensuó en esta nueva etapa, continuar fortaleciendo la figura del Defensor del Pueblo, central para nuestra democracia. Vamos a trabajar muy fuerte para que nuestra asociación se transforme en una pieza clave para garantizar la igualdad de derechos para todos los que viven, transitan o trabajan en nuestro país.
La primera acción que realizarán los Defensores del Pueblo de la República Argentina será la de convocar a los candidatos presidenciales Daniel Scioli y Mauricio Macri a que firmen una Carta Compromiso para designar, en caso de ser electos, a los Titulares de las Defensorías del Pueblo del país que se encuentran vacantes, como las de la Nación, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos y las de varios municipios, y a crear una Defensoría del Pueblo en aquellas provincias en las que todavía la Institución no existe.
Además, se presentará este lunes el Informe de la Observación del Recuento Provisional de Resultados de las elecciones generales del 25 de octubre y el programa de trabajo de la observación que se desarrollará el próximo 22 de noviembre durante el balotaje.
Se resaltó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) es una asociación civil que reúne a las Defensorías del Pueblo del país y cuyo objeto social es la cooperación recíproca entre sus titulares en el intercambio de información, investigaciones, actualización y desarrollo de las instituciones que defienden derechos y garantías, promoviendo su progreso continuo y perfeccionamiento profesional. Su misión central es la de reafirmar y fortalecer el rol del Defensor del Pueblo en el país como institución de la democracia garante de los derechos humanos de los pueblos.
ADPRA se conformó a comienzos de la década de 1990 y está compuesta por 47 socios, entre los que se encuentran la Defensoría del Pueblo de la Nación, la de la Ciudad de Buenos Aires y las de diversas provincias y municipios.
Sus miembros se reúnen 4 veces al año y en plenarios extraordinarios ante alguna situación que lo requiera. Cuenta con un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, 5 consejeros, un revisor de cuentas y un representante ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).