El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales, Hugo Arrúa, se mostró contrariado ante las "incoherentes exigencias" por parte de un grupo de aborígenes del extremo oeste que exigieron un peaje para pasar, disponer dónde y cómo abonar, y tener a pagadores de rehenes.
Arrúa, se mostró contrariado ante las "sucesivas e incoherentes exigencias" por parte de un grupo de aborígenes del extremo oeste que impidieron que el organismo pudiera pagar mas de doscientas pensiones a igual número de abuelos y abuelas de la zona de General Mosconi.
Expuso que "alrededor de doscientas personas quedaron sin percibir su pensión del IPS, -que justamente este mes trae incorporado un aumento- ante exigencias inadmisibles de un grupo de aborígenes que mantienen cortada la ruta de acceso a General Mosconi y poblaciones aledañas".
"Se impidió que abuelitos y abuelitas del lugar puedan percibir su pensión, algo realmente lamentable, y que esto obedezca a este grupo de personas que anteponen su interés personal al general de la gran mayoría, sobre todo de sectores sociales muy sensibles como es el de la tercera edad", enfatizó.
Explicó Arrúa que "el IPS tiene como esquema de pago a los beneficiarios de pensiones, de disponer un sistema que denominamos "cajeros humanos", porque se tratan de un equipo de personas que hacen de pagadores a través de un cronograma ya establecido para el interior provincial. Pero al viajar hasta aquella zona de General Mosconi, se encontró con la incomprensible y repudiable actitud de un grupo de aborígenes que mantienen la medida de cortar rutas hace algún tiempo y con reclamos que resultan difíciles de entender y mucho menos responder por tantas incoherencias, impidiéndoles a los pagadores poder continuar".
Sostuvo que el grupo de aborígenes "tuvo una actitud inflexible en todo momento, aunque debo advertir que cuando se llegó a la zona del corte de ruta el vehiculo del IPS, exigieron el pago de un peaje, y ante la negativa obvia del personal de este organismo, dejaron en claro que iban a pasar solo si primero se pagaba lo que establecían, y luego aceptando que ellos dispusieran donde y como se tenia que abonar las pensiones, y no en el sitio en el cual normalmente se cumple con este trámite todos los meses".
Arrúa fue categórico: "Todo esto es un disparate, nosotros respondemos a un esquema funcional y de servicio del estado, y de ninguna manera podemos acatar este tipo de imposiciones. No podemos dejar sujeto al capricho o estado de ánimo de este grupo de aborígenes, este trámite que reviste una responsabilidad muy importante y que por su condición -se transporta dinero en efectivo- amerita recaudos de seguridad y de cumplimiento de trámites legales-administrativos".
Agregó incluso que "no solo se pretendía imponer esta serie de exigencias improcedentes desde todo punto de vista, sino que se advirtió al personal que no se los dejaría regresar, es decir quedarían como una suerte de rehenes".
Finalizó exponiendo el titular del IPS que "cuando se nos informó desde allá de todo lo que estaba ocurriendo, en forma inmediata dispusimos que regresen y dejen asentada la denuncia correspondiente ante la comisaría de El Potrillo, lo que finalmente ocurrió. Confiamos en que esta gente entre en razón y se de cuenta de todo el daño que está generando a sus propios vecinos y hasta algún familiar de ellos mismos que se han visto privados de percibir su pensión".
Expuso que "alrededor de doscientas personas quedaron sin percibir su pensión del IPS, -que justamente este mes trae incorporado un aumento- ante exigencias inadmisibles de un grupo de aborígenes que mantienen cortada la ruta de acceso a General Mosconi y poblaciones aledañas".
"Se impidió que abuelitos y abuelitas del lugar puedan percibir su pensión, algo realmente lamentable, y que esto obedezca a este grupo de personas que anteponen su interés personal al general de la gran mayoría, sobre todo de sectores sociales muy sensibles como es el de la tercera edad", enfatizó.
Explicó Arrúa que "el IPS tiene como esquema de pago a los beneficiarios de pensiones, de disponer un sistema que denominamos "cajeros humanos", porque se tratan de un equipo de personas que hacen de pagadores a través de un cronograma ya establecido para el interior provincial. Pero al viajar hasta aquella zona de General Mosconi, se encontró con la incomprensible y repudiable actitud de un grupo de aborígenes que mantienen la medida de cortar rutas hace algún tiempo y con reclamos que resultan difíciles de entender y mucho menos responder por tantas incoherencias, impidiéndoles a los pagadores poder continuar".
Sostuvo que el grupo de aborígenes "tuvo una actitud inflexible en todo momento, aunque debo advertir que cuando se llegó a la zona del corte de ruta el vehiculo del IPS, exigieron el pago de un peaje, y ante la negativa obvia del personal de este organismo, dejaron en claro que iban a pasar solo si primero se pagaba lo que establecían, y luego aceptando que ellos dispusieran donde y como se tenia que abonar las pensiones, y no en el sitio en el cual normalmente se cumple con este trámite todos los meses".
Arrúa fue categórico: "Todo esto es un disparate, nosotros respondemos a un esquema funcional y de servicio del estado, y de ninguna manera podemos acatar este tipo de imposiciones. No podemos dejar sujeto al capricho o estado de ánimo de este grupo de aborígenes, este trámite que reviste una responsabilidad muy importante y que por su condición -se transporta dinero en efectivo- amerita recaudos de seguridad y de cumplimiento de trámites legales-administrativos".
Agregó incluso que "no solo se pretendía imponer esta serie de exigencias improcedentes desde todo punto de vista, sino que se advirtió al personal que no se los dejaría regresar, es decir quedarían como una suerte de rehenes".
Finalizó exponiendo el titular del IPS que "cuando se nos informó desde allá de todo lo que estaba ocurriendo, en forma inmediata dispusimos que regresen y dejen asentada la denuncia correspondiente ante la comisaría de El Potrillo, lo que finalmente ocurrió. Confiamos en que esta gente entre en razón y se de cuenta de todo el daño que está generando a sus propios vecinos y hasta algún familiar de ellos mismos que se han visto privados de percibir su pensión".