Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa se estimó que la nueva tarjeta para compras en supermercados beneficiará a los consumidores. "Solo representaría para los consumidores entre el 0,7 y 1 % en cada compra, implicando un enorme beneficio para la economía de los consumidores".
La Defensoría del Pueblo viene remarcando, hace tiempo, el enorme e injustificado volumen de beneficios que reciben las entidades bancarias por cada operatoria que realizamos con tarjetas de créditos, pues el 3 % del monto comprado, en un supermercado, por ejemplo, debe ser depositado a favor del banco emisor, lo cual en la sumatoria de las compras realizadas, diariamente, en todo el país representa millonarias sumas.
Sobre el servicio que prestan los bancos, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, dijo que "es meramente registral y por tanto, no se justifica tamaña rentabilidad que obtienen, además que, la mayoría de ellos, perciben otros adicionales por el mantenimiento de las cuentas".
En este contexto refirió a que "surge la propuesta del secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, de crear, con respaldo del Banco de la Nación, un servicio de tarjeta emitida por los propios supermercados que tiene como nombre tentativo el de " Supercard ", utilizable para las compras en dichos comercios y que solo representará para los consumidores entre el 0,7 y 1 % en cada compra, pudiéndose operar tanto con crédito o débito en las cuentas a ser abiertas, lo cual implicará un enorme beneficio para la economía de los consumidores".
Polémica por acuerdo de precios
Con relación a la polémica sobre los acuerdos de precios, cuya extensión por sesenta días fue recientemente anunciada por Moreno, el secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, expresó: "Hay mezquinos intereses, contrarios al progreso del país, comprometidos en que los acuerdos de precios entre el Estado y las grandes cadenas de supermercados fracase en su aplicación".
"Desde la Defensoría, remarcamos, que lo que se hace no es control de precios, pues a los valores convenidos se llegó por convenio. Tampoco es una medida de congelamiento absoluto, sino de contención de los precios y tiende, precisamente a evitar todo tipo de corridas orquestadas desde sectores especulativos, sin dudas que de estos es desde donde más se ataca a esta acción concreta llevada adelante para la defensa de los intereses económicos de los consumidores, es decir de la protección del poder adquisitivo de los salarios", explicó.
Sostuvo finalmente que "existirán, seguramente algunos incrementos, pero el Acuerdo de Precios asegura, a favor del consumidor, un mínimo de previsibilidad y hecha por tierra cualquier tipo de hipótesis especulativa respecto de la existencia de aumentos inflacionarios y en este sentido, viene funcionando así desde comienzos y se proyecta que se prolongue más allá de la mitad del presente año, dado lo efectiva que la medida ha resultado en la práctica".
Sobre el servicio que prestan los bancos, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, dijo que "es meramente registral y por tanto, no se justifica tamaña rentabilidad que obtienen, además que, la mayoría de ellos, perciben otros adicionales por el mantenimiento de las cuentas".
En este contexto refirió a que "surge la propuesta del secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, de crear, con respaldo del Banco de la Nación, un servicio de tarjeta emitida por los propios supermercados que tiene como nombre tentativo el de " Supercard ", utilizable para las compras en dichos comercios y que solo representará para los consumidores entre el 0,7 y 1 % en cada compra, pudiéndose operar tanto con crédito o débito en las cuentas a ser abiertas, lo cual implicará un enorme beneficio para la economía de los consumidores".
Polémica por acuerdo de precios
Con relación a la polémica sobre los acuerdos de precios, cuya extensión por sesenta días fue recientemente anunciada por Moreno, el secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, expresó: "Hay mezquinos intereses, contrarios al progreso del país, comprometidos en que los acuerdos de precios entre el Estado y las grandes cadenas de supermercados fracase en su aplicación".
"Desde la Defensoría, remarcamos, que lo que se hace no es control de precios, pues a los valores convenidos se llegó por convenio. Tampoco es una medida de congelamiento absoluto, sino de contención de los precios y tiende, precisamente a evitar todo tipo de corridas orquestadas desde sectores especulativos, sin dudas que de estos es desde donde más se ataca a esta acción concreta llevada adelante para la defensa de los intereses económicos de los consumidores, es decir de la protección del poder adquisitivo de los salarios", explicó.
Sostuvo finalmente que "existirán, seguramente algunos incrementos, pero el Acuerdo de Precios asegura, a favor del consumidor, un mínimo de previsibilidad y hecha por tierra cualquier tipo de hipótesis especulativa respecto de la existencia de aumentos inflacionarios y en este sentido, viene funcionando así desde comienzos y se proyecta que se prolongue más allá de la mitad del presente año, dado lo efectiva que la medida ha resultado en la práctica".