Directivos de la compañía Gran Terra Energy, concesionaria de la explotación de petróleo en yacimientos del departamento Ramón Lista, comunicaron que veinte aborígenes ingresaron las instalaciones de la firma donde se emplaza el pozo Proa 2 obligando a su operador a que cerrara las válvulas.
La data le fue transmitida al director de Hidrocarburos y Minería de la provincia, ingeniero Marcelino Ybars, junto con la solicitud de que haya una gestión articulada para tratar de poner fin a esta situación que mantiene en vilo a la población criolla y originaria de la zona ya que se corre el riesgo de que estos hechos deriven en un desastre ambiental y en una situación extrema que ponga en peligro la vida y los bienes de los pobladores.
La importancia del pozo que fue desactivado está dada en el hecho que produce 240 metros cúbicos de petróleo por día, es decir 1.500 barriles por jornada.
Empresarios de Pluspetrol y Gran Terra Energy denunciaron ante la policía y urgieron la intervención judicial para que se frene la creciente tensión existente en las instalaciones petroleras de Palmar Largo, El Chivil y El Surubí donde "piquetes " de aborígenes impiden el control y el mantenimiento de los pozos y hasta accionaron peligrosamente las válvulas para cerrar la producción.
Sobre la situación operativa del yacimiento Palmar Largo informaron que un grupo de diez manifestantes ingresó a la locación del pozo PL-6 para proceder a cerrar la válvula del mismo e impidiendo el ingreso del supervisor para revisar la instalación, agrediéndosele verbalmente y amenazándolo con cerrar el resto de los pozos.
El cierre abrupto de dicho pozo ha provocado problemas con la presión del sistema debiendo detenerse el compresor DP-5 y cortarse la inyección en el pozo PL-10.
Ante el cuadro, Pluspetrol avisó que continuará adoptando las medidas que considere necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones.
En lo que respecta a la información producida por Gran Terra Energy se revelo que la situación de El Surubí es de características parecidas. Denunciaron que los originarios manifiestan su determinación de cerrar el pozo 6 de Palmar Largo que ocurrió el lunes por la noche para seguir con los pozos Proa-1 y Proa-2 así como con el yacimiento El Chivil.
Directivos de Gran Terra Energy recordaron que el pozo Proa-1 -con una capacidad de producción aproximada de 15 metros cúbicos diarios- se mantiene cerrado desde el 21 de febrero último a raíz, casualmente, del conflicto existente que no les permite el transporte regular de camiones, debido a los cortes que tienen lugar en el acceso a esos yacimientos y sobre lo cual ya realizaron denuncias oportunamente a la fiscalía de los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Las Lomitas.
A todo ello se suman las denuncias del ministro de Gobierno, Jorge Abel González, quien reveló que los movilizados indígenas impiden el paso de los equipos de técnicos y maquinarias que trabajan en el extremo oeste, al norte del departamento Ramón Lista, en la limpieza de los canales y correderas fluviales para facilitar el ingresos de las aguas de desborde del río Pilcomayo a fin de aliviar la situación de sequía existente en casi todo el territorio.
Otro hecho preocupante lo brindó el dirigente wichí Crisanto Ibáñez, quien comentó que los que realizan las medidas de fuerza -unos setenta indígenas- incendiaron viviendas de criollos y ocuparon las instalaciones de la usina a gas que genera electricidad para los pobladores de la zona.
Impacto económico
Se recordó, por otra parte que el pozo Proa-1, que produce 15 metros cúbicos por día, se mantiene cerrado desde el 21 de febrero por el conflicto existente que impide el transporte regular de camiones, debido a los cortes que tienen lugar a nuestros yacimientos, denuncias realizadas oportunamente a la Fiscalía de Las Lomitas.
El impacto económico del cierre de estos pozos es del orden de los 115.000 dólares por día.
En el Surubi
El cierre del Proa-2 ha causado que el campamento de Surubí quedara sin energía y que se parara El Chivil, también sin energía.
El gerente de Operaciones de Gran Terra Energy se comunicó con el comisario mayor Acosta de la Policía para informarle de esa novedad.
Efectivos de la institución están tratando de ir hasta Proa, pero se plantea la situación creada ante la necesidad de custodiar a la gente de la compañía para la reapertura del pozo Proa-2.
Consideran que la permanencia de la policía tiene que ser definida por el juez Sergio López con sede en Las Lomitas a quien el comisario mayor Acosta se encargará de comunicarle lo que está aconteciendo por la gravedad de la situación.
Los operarios de las compañías petroleras que sufrieron el atropello son: Dante Medina, Guillermo Concha, Cristian Erazo y Guillermo Torrico.
Quienes cometieron la agresión -y que no portaban armas según se ha informado- adujeron que el corte a la instalación se debe a la negativa que tuvo el pedido manifestado al intermediador en este conflicto.
También anticiparon que si la respuesta a su pedido no es favorable en lo inmediato van a ir a cortar El Chivil para seguir parando pozos.
La importancia del pozo que fue desactivado está dada en el hecho que produce 240 metros cúbicos de petróleo por día, es decir 1.500 barriles por jornada.
Empresarios de Pluspetrol y Gran Terra Energy denunciaron ante la policía y urgieron la intervención judicial para que se frene la creciente tensión existente en las instalaciones petroleras de Palmar Largo, El Chivil y El Surubí donde "piquetes " de aborígenes impiden el control y el mantenimiento de los pozos y hasta accionaron peligrosamente las válvulas para cerrar la producción.
Sobre la situación operativa del yacimiento Palmar Largo informaron que un grupo de diez manifestantes ingresó a la locación del pozo PL-6 para proceder a cerrar la válvula del mismo e impidiendo el ingreso del supervisor para revisar la instalación, agrediéndosele verbalmente y amenazándolo con cerrar el resto de los pozos.
El cierre abrupto de dicho pozo ha provocado problemas con la presión del sistema debiendo detenerse el compresor DP-5 y cortarse la inyección en el pozo PL-10.
Ante el cuadro, Pluspetrol avisó que continuará adoptando las medidas que considere necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones.
En lo que respecta a la información producida por Gran Terra Energy se revelo que la situación de El Surubí es de características parecidas. Denunciaron que los originarios manifiestan su determinación de cerrar el pozo 6 de Palmar Largo que ocurrió el lunes por la noche para seguir con los pozos Proa-1 y Proa-2 así como con el yacimiento El Chivil.
Directivos de Gran Terra Energy recordaron que el pozo Proa-1 -con una capacidad de producción aproximada de 15 metros cúbicos diarios- se mantiene cerrado desde el 21 de febrero último a raíz, casualmente, del conflicto existente que no les permite el transporte regular de camiones, debido a los cortes que tienen lugar en el acceso a esos yacimientos y sobre lo cual ya realizaron denuncias oportunamente a la fiscalía de los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Las Lomitas.
A todo ello se suman las denuncias del ministro de Gobierno, Jorge Abel González, quien reveló que los movilizados indígenas impiden el paso de los equipos de técnicos y maquinarias que trabajan en el extremo oeste, al norte del departamento Ramón Lista, en la limpieza de los canales y correderas fluviales para facilitar el ingresos de las aguas de desborde del río Pilcomayo a fin de aliviar la situación de sequía existente en casi todo el territorio.
Otro hecho preocupante lo brindó el dirigente wichí Crisanto Ibáñez, quien comentó que los que realizan las medidas de fuerza -unos setenta indígenas- incendiaron viviendas de criollos y ocuparon las instalaciones de la usina a gas que genera electricidad para los pobladores de la zona.
Impacto económico
Se recordó, por otra parte que el pozo Proa-1, que produce 15 metros cúbicos por día, se mantiene cerrado desde el 21 de febrero por el conflicto existente que impide el transporte regular de camiones, debido a los cortes que tienen lugar a nuestros yacimientos, denuncias realizadas oportunamente a la Fiscalía de Las Lomitas.
El impacto económico del cierre de estos pozos es del orden de los 115.000 dólares por día.
En el Surubi
El cierre del Proa-2 ha causado que el campamento de Surubí quedara sin energía y que se parara El Chivil, también sin energía.
El gerente de Operaciones de Gran Terra Energy se comunicó con el comisario mayor Acosta de la Policía para informarle de esa novedad.
Efectivos de la institución están tratando de ir hasta Proa, pero se plantea la situación creada ante la necesidad de custodiar a la gente de la compañía para la reapertura del pozo Proa-2.
Consideran que la permanencia de la policía tiene que ser definida por el juez Sergio López con sede en Las Lomitas a quien el comisario mayor Acosta se encargará de comunicarle lo que está aconteciendo por la gravedad de la situación.
Los operarios de las compañías petroleras que sufrieron el atropello son: Dante Medina, Guillermo Concha, Cristian Erazo y Guillermo Torrico.
Quienes cometieron la agresión -y que no portaban armas según se ha informado- adujeron que el corte a la instalación se debe a la negativa que tuvo el pedido manifestado al intermediador en este conflicto.
También anticiparon que si la respuesta a su pedido no es favorable en lo inmediato van a ir a cortar El Chivil para seguir parando pozos.