Desde la Defensoría del Pueblo se señaló la "fuerte incongruencia" entre los pedidos que realizan quienes bloquean caminos, dejando sin servicio eléctrico a Ramón Lista, cortando la cadena de frio de vacunas y medicamentos, siendo que el Estado está presente con estos beneficios para la comunidad.
Ahora se suma que impiden trabajar a Vialidad Provincial con lo cual difícilmente las labores que permiten que las aguas del Pilcomayo ingresen a nuestra provincia, al tiempo de advertirse que hasta se podría producir el cierre de de pozos petroleros y el retiro de empresas, lo cual impactaría también negativamente en los ingresos de nuestra provincia.
El área de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios de la Defensoría denunció los graves hechos que se vienen produciendo en el departamento de Ramón Lista y en los que se encuentran involucrados integrantes de Comunidades Aborígenes, algunos Criollos y también instigadores que buscan la muerte y el desencuentro, mientras cobardemente se refugian en el anonimato.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca (foto), dijo que "no estamos criminalizando la protesta", sino que simplemente pedimos respeto a las autoridades constituidas, a las Instituciones, a la Justicia y a la Ley vigente.
De esta manera la primera medida de fuerza que se registró el día 18 de enero pasado sobre la Ruta Provincial Nº 910, dio lugar al Sumario Judicial 04/13 con intervención de la Comisaria de General Mosconi y del juez Sergio López de Las Lomitas, donde se imputo por infracción al artículo 194 del C.P.A, a Córdoba Pedro, Merecino Vega, Sarmiento Emilio, Felipe Méndez, Díaz Samuel, Verónica Molina y otros.
Se alude a que el día 25 de enero último se arrojaron boleadoras (trozos de alambre con huesos y maderas en sus puntas) sobre los cables de tendido eléctrico de alta tensión, dejaron sin energía a todo Mosconi y a los centros de salud y hospitales del lugar, debiéndose "tirar medicamentos y vacunas por la pérdida de la cadena de frio".
Así también comerciantes vieron como sus productos alimenticios tuvieron que ser sacados de su comercialización y lo peor es que también se interrumpió la provisión de agua potable. El mismo Juez, interviene e identifica a Robert Salas, Verónica Molina, Miguel Orlando Miño y Leonardo Catalino Falcón como responsables.
En tren de relatar la sucesión de hechos, señala que el día 26 de enero el delegado de la comunidad Wichí de Mosconi, Ernesto Jaime (autorizó al personal policial a retirar los trozos de alambres arrojados lo cual obra en documentales fotográficas en la Causa Judicial). Así el 29 de ese mismo mes, otro grupo de originarios cortó la ruta Provincial Nº 910 y de allí se trasladaron hasta el paraje La Alambrada, donde interrumpieron el tránsito de las Rutas Nº 910, 920 y 912, en ese lugar se pudo detectar personas que no eran de la zona en un camión modelo 350 color rojo que desde El Potrillo asistía con insumos a estas personas, entre ellas a Isaías López, hermano del cacique de El Potrillo, junto a una camioneta blanca Saveiro; todo ello consta el Sumario Judicial 10/13 del Juzgado de las Lomitas. En estos hechos también está involucrado Cesáreo Juárez cacique de Palmarcito. El 31 de enero a las 15,30 vuelven a arrojar objetos que interrumpen el servicio de energía eléctrica en toda la zona y así se van concatenando los distintos hechos y actos delictivos.
El Defensor del Pueblo afirmo que "en lo que va del año, han fallecido tres niños aborígenes en dicho departamento como consecuencia de no haber sido llevados para su atención medica inmediatamente, es por ello que el ministerio de Desarrollo Humano despliega actualmente toda una prevención para identificar este y otros casos antes de que las situaciones sanitarias individuales se agraven". Afirmó el Defensor José Gialluca que "culturalmente las comunidades ponen primeros a los hombres luego a las mujeres posteriormente a los niños, y por último a los ancianos y ello es respetable pero lo que no es verdad es que existan una treintena de muertes ocurridas por falta de atención a la salud y por agua".
En cuanto a las ambulancias públicas, se indicó que las mismas "son manejadas por originarios que las llevan a sus domicilios con los equipos de radio y muchas veces se le da una ocupación particular con lo cual se las termina estropeando. Esta búsqueda de "poder" entre grupos o sectores se torna incomprensible toda vez que Vialidad Provincial no puede llevar adelante los trabajos indispensables en esta época, tampoco limpiar las correderas para que las aguas del Rio Pilcomayo ingresen a gran parte de la provincia y atenúe la gran sequia existente, tampoco se deja trabajar a la gente de REFSA, y en el día de la fecha la firma Energy Argentina SRL, denunció la imposibilidad de continuar sus tareas, como consecuencia del bloqueo de caminos que permitan el transporte de producción de hidrocarburos que provienen de los yacimientos de El Chivil, Proa, Palmar Largo, Puesto La Entrada, Ramón Lista, Cañada Rica y El Chorro".
Por último, el funcionario expresó, que "realmente lo más doloroso es que todo esto, no constituyen en si mismo hechos aislados, sino que están perfectamente digitados y lo que buscan es el enfrentamiento y la muerte entre formoseños".
El área de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios de la Defensoría denunció los graves hechos que se vienen produciendo en el departamento de Ramón Lista y en los que se encuentran involucrados integrantes de Comunidades Aborígenes, algunos Criollos y también instigadores que buscan la muerte y el desencuentro, mientras cobardemente se refugian en el anonimato.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca (foto), dijo que "no estamos criminalizando la protesta", sino que simplemente pedimos respeto a las autoridades constituidas, a las Instituciones, a la Justicia y a la Ley vigente.
De esta manera la primera medida de fuerza que se registró el día 18 de enero pasado sobre la Ruta Provincial Nº 910, dio lugar al Sumario Judicial 04/13 con intervención de la Comisaria de General Mosconi y del juez Sergio López de Las Lomitas, donde se imputo por infracción al artículo 194 del C.P.A, a Córdoba Pedro, Merecino Vega, Sarmiento Emilio, Felipe Méndez, Díaz Samuel, Verónica Molina y otros.
Se alude a que el día 25 de enero último se arrojaron boleadoras (trozos de alambre con huesos y maderas en sus puntas) sobre los cables de tendido eléctrico de alta tensión, dejaron sin energía a todo Mosconi y a los centros de salud y hospitales del lugar, debiéndose "tirar medicamentos y vacunas por la pérdida de la cadena de frio".
Así también comerciantes vieron como sus productos alimenticios tuvieron que ser sacados de su comercialización y lo peor es que también se interrumpió la provisión de agua potable. El mismo Juez, interviene e identifica a Robert Salas, Verónica Molina, Miguel Orlando Miño y Leonardo Catalino Falcón como responsables.
En tren de relatar la sucesión de hechos, señala que el día 26 de enero el delegado de la comunidad Wichí de Mosconi, Ernesto Jaime (autorizó al personal policial a retirar los trozos de alambres arrojados lo cual obra en documentales fotográficas en la Causa Judicial). Así el 29 de ese mismo mes, otro grupo de originarios cortó la ruta Provincial Nº 910 y de allí se trasladaron hasta el paraje La Alambrada, donde interrumpieron el tránsito de las Rutas Nº 910, 920 y 912, en ese lugar se pudo detectar personas que no eran de la zona en un camión modelo 350 color rojo que desde El Potrillo asistía con insumos a estas personas, entre ellas a Isaías López, hermano del cacique de El Potrillo, junto a una camioneta blanca Saveiro; todo ello consta el Sumario Judicial 10/13 del Juzgado de las Lomitas. En estos hechos también está involucrado Cesáreo Juárez cacique de Palmarcito. El 31 de enero a las 15,30 vuelven a arrojar objetos que interrumpen el servicio de energía eléctrica en toda la zona y así se van concatenando los distintos hechos y actos delictivos.
El Defensor del Pueblo afirmo que "en lo que va del año, han fallecido tres niños aborígenes en dicho departamento como consecuencia de no haber sido llevados para su atención medica inmediatamente, es por ello que el ministerio de Desarrollo Humano despliega actualmente toda una prevención para identificar este y otros casos antes de que las situaciones sanitarias individuales se agraven". Afirmó el Defensor José Gialluca que "culturalmente las comunidades ponen primeros a los hombres luego a las mujeres posteriormente a los niños, y por último a los ancianos y ello es respetable pero lo que no es verdad es que existan una treintena de muertes ocurridas por falta de atención a la salud y por agua".
En cuanto a las ambulancias públicas, se indicó que las mismas "son manejadas por originarios que las llevan a sus domicilios con los equipos de radio y muchas veces se le da una ocupación particular con lo cual se las termina estropeando. Esta búsqueda de "poder" entre grupos o sectores se torna incomprensible toda vez que Vialidad Provincial no puede llevar adelante los trabajos indispensables en esta época, tampoco limpiar las correderas para que las aguas del Rio Pilcomayo ingresen a gran parte de la provincia y atenúe la gran sequia existente, tampoco se deja trabajar a la gente de REFSA, y en el día de la fecha la firma Energy Argentina SRL, denunció la imposibilidad de continuar sus tareas, como consecuencia del bloqueo de caminos que permitan el transporte de producción de hidrocarburos que provienen de los yacimientos de El Chivil, Proa, Palmar Largo, Puesto La Entrada, Ramón Lista, Cañada Rica y El Chorro".
Por último, el funcionario expresó, que "realmente lo más doloroso es que todo esto, no constituyen en si mismo hechos aislados, sino que están perfectamente digitados y lo que buscan es el enfrentamiento y la muerte entre formoseños".