Se extendió hasta el 22 de febrero, inclusive, del año en curso, el receso Administrativo dispuesto por el decreto N° 718/12, en cuyo transcurso se mantiene el horario de labor de la administración pública provincial -con carácter excepcional- será de 8 a 12 horas.
Asimismo y dado que el 25 de febrero se inician las clases, para el personal docente, dicha medida tiene vigencia hasta el 15 del mes venidero.
Quedan exceptuados los organismos afectados a servicios públicos esenciales como: Ministerio de Desarrollo Humano, Servicio Provincial de Agua Potable, Subsecretaría de Comunicación Social, entes recaudadores y las Direcciones de: Parque Infantil, Vialidad Provincial, Informática y Teleprocesamiento, Registro Civil y Capacidad de las Personas, Catastro Territorial, Registro de la Propiedad Inmueble, Subsecretaria de Comercio e Inversiones, Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Contaduría General, Tesorería General, Ministerio de Turismo y Escribanía Mayor de Gobierno. Todos estos estamentos dispondrán de las medidas necesarias para la efectiva aplicación de este decreto.
Y los siguientes organismos del Ministerio de Cultura y Educación: Dirección de Niveles (Inicial, Primaria, Secundaria, Superior), Jefatura Departamentales (Técnica, Especial, Educación Permanente, Privada), Dirección de Administración, Dirección de Personal, Planeamiento Educativo, Coordinación de Educación Artística, UPPE, y comedores escolares y centro de Actividades Juveniles, Estudiar en Verano y Escuelas Abiertas, quienes dispondrán las medidas necesarias para la oportuna aplicación del decreto. Para el personal docente, dicha medida se extiende hasta el 15 de febrero.
La medida gubernamental tiende, según lo señala en su considerando, que los organismos del estado (centralizados, desconcentrados, descentralizados y autárquicos), deben otorgar a su personal la licencia anual reglamentaria en el período que establece esta medida.
También se significa que como es habitual en esta época del año, resulta conveniente establecer un horario de labor en la esfera estatal acorde con las necesidades reales de la actividad administrativa durante el receso, con el propósito de obtener una significativa disminución en los costos operativos derivados del normal funcionamiento de las oficinas públicas.
Quedan exceptuados los organismos afectados a servicios públicos esenciales como: Ministerio de Desarrollo Humano, Servicio Provincial de Agua Potable, Subsecretaría de Comunicación Social, entes recaudadores y las Direcciones de: Parque Infantil, Vialidad Provincial, Informática y Teleprocesamiento, Registro Civil y Capacidad de las Personas, Catastro Territorial, Registro de la Propiedad Inmueble, Subsecretaria de Comercio e Inversiones, Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Contaduría General, Tesorería General, Ministerio de Turismo y Escribanía Mayor de Gobierno. Todos estos estamentos dispondrán de las medidas necesarias para la efectiva aplicación de este decreto.
Y los siguientes organismos del Ministerio de Cultura y Educación: Dirección de Niveles (Inicial, Primaria, Secundaria, Superior), Jefatura Departamentales (Técnica, Especial, Educación Permanente, Privada), Dirección de Administración, Dirección de Personal, Planeamiento Educativo, Coordinación de Educación Artística, UPPE, y comedores escolares y centro de Actividades Juveniles, Estudiar en Verano y Escuelas Abiertas, quienes dispondrán las medidas necesarias para la oportuna aplicación del decreto. Para el personal docente, dicha medida se extiende hasta el 15 de febrero.
La medida gubernamental tiende, según lo señala en su considerando, que los organismos del estado (centralizados, desconcentrados, descentralizados y autárquicos), deben otorgar a su personal la licencia anual reglamentaria en el período que establece esta medida.
También se significa que como es habitual en esta época del año, resulta conveniente establecer un horario de labor en la esfera estatal acorde con las necesidades reales de la actividad administrativa durante el receso, con el propósito de obtener una significativa disminución en los costos operativos derivados del normal funcionamiento de las oficinas públicas.