Desde el área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblola se propone la apertura de un amplio debate para modificar las leyes que regulan los procedimientos adecuados para la adopción de medidas concretas frente a casos que se presenten a futuro.
Sostienen que la solicitud se amerita ante los hechos violentos producidos en los últimos tiempos por menores, en esta ciudad y otros puntos del país.
Delitos de toda índole, cometidos en diversos puntos de la Argentina, como la muerte de tres menores, en luctuosos hechos, producidos por otros menores, en las últimas semanas, encienden la alarma respecto de los niveles de violencia de personas que, con tan cortas edades, incurren en actos que evidencian un enorme desprecio por la vida.
Desde la Defensoría, valoran la importancia de la tutela de los Derechos Humanos de las personas que, por condena judicial, son privadas de su libertad y/o que se encuentran bajo un régimen especial, para seguridad de las mismas, como dice la Constitución Nacional. Pero, a la vez, señalan, que es preciso, también, el contemplar el resguardo de los Derechos Humanos de la comunidad toda, que se halla a merced de individuos de muy corta edad, pasibles de incurrir en conductas marginales, por lo general, cargadas de mucha violencia. Con relación al particular el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: "Algunos hablan de que la solución mágica está en disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Por mi parte, coincido plenamente con los especialistas en Derecho Penal que opinan que, reducir la imputabilidad de 16 a 14 años, es solo uno de los pasos a seguir, en pos de achicar el índice de delitos cometidos por menores".
De todos modos opina que "considerar que con ello encontraremos la solución mágica al problema, es negar la realidad, pues este camino, en ningún caso, resultó la panacea. Hay que, más bien, trabajar las causas, antes que los efectos, remarcó el funcionario, es hora de encarar una labor, a largo plazo, que se centre en la concientización de la importancia de la educación, de la cultura del trabajo y eso debe hacerse a nivel de todos los estratos sociales".
Sostiene que "debemos intensificar y no dar treguas, a la lucha contra el narcotráfico, el cual, sin dudas incide directamente en la comisión de delitos, especialmente los violentos. Y entre estas y otras cuestiones, hay que hacer un tratamiento responsable de la edad de imputabilidad. Consideramos que, de ninguna manera, los menores deben recibir idéntico trato a los mayores que delinquen, menos aún se los puede comparar a los que denominados delincuentes de carrera."
"Como organismo constitucional, no podemos eludir la temática de la garantía de la seguridad de todos los habitantes, ni quedarnos inmóviles frente a los acontecimientos, lo cual sería un error tan grande como el considerar que la solución definitiva vendrá de la mano de disminuir de la edad de imputabilidad. Estamos en una instancia, finalizó diciendo Gialluca, en la que se tiene que dar un tratamiento serio, inteligente, y libre de intereses tendenciosamente políticos, por parte de nuestros representantes, que son los que están en condiciones de modificar las leyes, la reforma de las mismas puede ser un comienzo; como consecuencia de ella, el abordaje integral de la violencia social, será, sin dudas lo que, en algún momento, nos traerá la solución definitiva", concluyó sosteniendo Gialluca.
Delitos de toda índole, cometidos en diversos puntos de la Argentina, como la muerte de tres menores, en luctuosos hechos, producidos por otros menores, en las últimas semanas, encienden la alarma respecto de los niveles de violencia de personas que, con tan cortas edades, incurren en actos que evidencian un enorme desprecio por la vida.
Desde la Defensoría, valoran la importancia de la tutela de los Derechos Humanos de las personas que, por condena judicial, son privadas de su libertad y/o que se encuentran bajo un régimen especial, para seguridad de las mismas, como dice la Constitución Nacional. Pero, a la vez, señalan, que es preciso, también, el contemplar el resguardo de los Derechos Humanos de la comunidad toda, que se halla a merced de individuos de muy corta edad, pasibles de incurrir en conductas marginales, por lo general, cargadas de mucha violencia. Con relación al particular el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: "Algunos hablan de que la solución mágica está en disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Por mi parte, coincido plenamente con los especialistas en Derecho Penal que opinan que, reducir la imputabilidad de 16 a 14 años, es solo uno de los pasos a seguir, en pos de achicar el índice de delitos cometidos por menores".
De todos modos opina que "considerar que con ello encontraremos la solución mágica al problema, es negar la realidad, pues este camino, en ningún caso, resultó la panacea. Hay que, más bien, trabajar las causas, antes que los efectos, remarcó el funcionario, es hora de encarar una labor, a largo plazo, que se centre en la concientización de la importancia de la educación, de la cultura del trabajo y eso debe hacerse a nivel de todos los estratos sociales".
Sostiene que "debemos intensificar y no dar treguas, a la lucha contra el narcotráfico, el cual, sin dudas incide directamente en la comisión de delitos, especialmente los violentos. Y entre estas y otras cuestiones, hay que hacer un tratamiento responsable de la edad de imputabilidad. Consideramos que, de ninguna manera, los menores deben recibir idéntico trato a los mayores que delinquen, menos aún se los puede comparar a los que denominados delincuentes de carrera."
"Como organismo constitucional, no podemos eludir la temática de la garantía de la seguridad de todos los habitantes, ni quedarnos inmóviles frente a los acontecimientos, lo cual sería un error tan grande como el considerar que la solución definitiva vendrá de la mano de disminuir de la edad de imputabilidad. Estamos en una instancia, finalizó diciendo Gialluca, en la que se tiene que dar un tratamiento serio, inteligente, y libre de intereses tendenciosamente políticos, por parte de nuestros representantes, que son los que están en condiciones de modificar las leyes, la reforma de las mismas puede ser un comienzo; como consecuencia de ella, el abordaje integral de la violencia social, será, sin dudas lo que, en algún momento, nos traerá la solución definitiva", concluyó sosteniendo Gialluca.