La Defensoría del Pueblo, convocará a la Administración Federal de Ingresos Públicos( AFIP ) a la Dirección General de Rentas y a la subsecretaría de Trabajo de la Provincia a fin de investigar la efectiva declaración de fondos utilizados para la realización de los denominados préstamos personales.
Además se buscará la legítima constitución de los respectivos contratos con los particulares, en cada caso y la debida registración de todo el personal que trabaja para las "pseudofinancieras" que desarrollan su actividad en Formosa.
La medida que encara el Organismo de la Constitución, es una respuesta más, a "los abusos cometidos por las denominadas cuevas financieras, que no son otra cosa que pseudo oficinas, generalmente dirigidas y regenteadas por una persona, que es secundada por otras que, por regla, trabajan en negro y que tienen por finalidad la explotación de la necesidad, ligereza e inexperiencia de algunas personas que acude a las mismas ante situaciones agobiantes con tal de obtener algo de efectivo, terminando con un enorme endeudamiento que, en nada guarda relación con el dinero realmente entregado, debido a la aplicación de intereses sumamente abusivos".
En el contexto de las actuaciones llevadas adelante desde la Defensoría, su titular José Leonardo Gialluca, expresó: "Esta es otra forma de encarar una problemática que no podemos hacer como que no existe. Por nuestra parte, en numerosas ocasiones hemos solicitado a la justicia la condena a los casos de abuso contra las personas que, quizás por un problema grave de salud, un apremio económico sin dudas que puede obedecer a diversas causas, termina con su patrimonio de rehén, literalmente, pues es obligada a suscribir documentos en blanco, generalmente no recibe todo el monto prometido y debe soportar gravosas cuotas que, en la sumatoria, termina abonando, en mediano plazo, el doble y hasta el triple de lo tomado en carácter de préstamo, con intereses de 20 o 30 % mensual y Dios mío si no llegan a pagar, utilizando a la justicia, le cobran diez veces más y sin tener en cuenta lo ya abonado.
"Eso tiene un solo nombre, para nuestro Código Penal, -remarcó Gialluca-, y es el de estafa, y en cuanta ocasión la hemos registrado efectuamos las denuncias pertinentes. Sería muy saludable para la comunidad que la justicia dé a conocer lo que está haciendo al respecto, pues tenemos conocimiento de que, a más de nuestras denuncias, existen miles de otras ya interpuestas, sería positivo que se publique la respuesta dada también por quien debe aplicar la ley en estos casos", añadiendo que "ello, sin dudas, desalentaría este tipo de operatorias espurias".
Por otra parte, desde la secretaría Letrada de la Defensoría, se explicó que "la convocatoria a la AFIP, Rentas y a la Secretaría de Trabajo, se realizará en el marco de la campaña " Contra los que viven del trabajo ajeno - No a la usura, basta de abusos " y tendrá tres pasos, a saber: a) Las definiciones del " modus operandi " para la comisión de actos ilícitos bajo las aparentes figuras de negocios jurídicos, préstamos; b) La consideración de un relevamiento ya realizado respecto de los sitios en los que se encuentran las denominadas cuevas financieras, pues muchas han mudado luego del accionar contra una de ellas, por parte de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y c) La determinación y realización de acciones concretas".
La medida que encara el Organismo de la Constitución, es una respuesta más, a "los abusos cometidos por las denominadas cuevas financieras, que no son otra cosa que pseudo oficinas, generalmente dirigidas y regenteadas por una persona, que es secundada por otras que, por regla, trabajan en negro y que tienen por finalidad la explotación de la necesidad, ligereza e inexperiencia de algunas personas que acude a las mismas ante situaciones agobiantes con tal de obtener algo de efectivo, terminando con un enorme endeudamiento que, en nada guarda relación con el dinero realmente entregado, debido a la aplicación de intereses sumamente abusivos".
En el contexto de las actuaciones llevadas adelante desde la Defensoría, su titular José Leonardo Gialluca, expresó: "Esta es otra forma de encarar una problemática que no podemos hacer como que no existe. Por nuestra parte, en numerosas ocasiones hemos solicitado a la justicia la condena a los casos de abuso contra las personas que, quizás por un problema grave de salud, un apremio económico sin dudas que puede obedecer a diversas causas, termina con su patrimonio de rehén, literalmente, pues es obligada a suscribir documentos en blanco, generalmente no recibe todo el monto prometido y debe soportar gravosas cuotas que, en la sumatoria, termina abonando, en mediano plazo, el doble y hasta el triple de lo tomado en carácter de préstamo, con intereses de 20 o 30 % mensual y Dios mío si no llegan a pagar, utilizando a la justicia, le cobran diez veces más y sin tener en cuenta lo ya abonado.
"Eso tiene un solo nombre, para nuestro Código Penal, -remarcó Gialluca-, y es el de estafa, y en cuanta ocasión la hemos registrado efectuamos las denuncias pertinentes. Sería muy saludable para la comunidad que la justicia dé a conocer lo que está haciendo al respecto, pues tenemos conocimiento de que, a más de nuestras denuncias, existen miles de otras ya interpuestas, sería positivo que se publique la respuesta dada también por quien debe aplicar la ley en estos casos", añadiendo que "ello, sin dudas, desalentaría este tipo de operatorias espurias".
Por otra parte, desde la secretaría Letrada de la Defensoría, se explicó que "la convocatoria a la AFIP, Rentas y a la Secretaría de Trabajo, se realizará en el marco de la campaña " Contra los que viven del trabajo ajeno - No a la usura, basta de abusos " y tendrá tres pasos, a saber: a) Las definiciones del " modus operandi " para la comisión de actos ilícitos bajo las aparentes figuras de negocios jurídicos, préstamos; b) La consideración de un relevamiento ya realizado respecto de los sitios en los que se encuentran las denominadas cuevas financieras, pues muchas han mudado luego del accionar contra una de ellas, por parte de la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y c) La determinación y realización de acciones concretas".