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El RIGI tiene como rubros prioritarios a los sectores como: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía, y tecnología. Busca atraer inversiones extranjeras a Argentina, sobre todo, en energía y minería, donde el principal propósito es atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares y fomentar la llegada de capital extranjero.

No obstante, no existe una perspectiva de política industrial y pone en jaque a la industria nacional y el desarrollo de capacidades, donde lo único “estratégico” es la inversión extranjera.

¿Cuáles son los beneficios fiscales y aduaneros que propone?

Los inversores extranjeros obtendrían diferentes beneficios fiscales en pos de la explotación de nuestros recursos, gozando de un blindaje absoluto para que el Estado y los poderes públicos no puedan intervenir en sus actividades, más allá del cambio de gobierno.

Entre los incentivos fiscales se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias donde se establece una alícuota única de Ganancias del 25% (10 puntos más baja que el tope general) para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). En lo referente a las empresas objeto de la ley: Sociedades Anónimas, incluidas las Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero, las sucursales dedicadas, las uniones transitorias y otros contratos asociativos.

Por otra parte, la amortización acelerada de bienes, muebles e infraestructura, este término hace referencia a que las empresas puedan depreciar más rápidamente el valor de sus activos que los métodos tradicionales estándar utilizados contablemente. En definitiva, le permite a la empresa reconocer una mayor parte del costo del activo como gasto en los primeros años de su vida útil, esto reduce la base imponible del impuesto sobre la renta, y al pagar menos impuestos en los primeros años de la empresa, le posibilita tener un mayor flujo de efectivo para actividades operativas diarias de la misma. 

La transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años, es básicamente utilizar pérdidas de años anteriores para reducir la base imponible en años futuros, siendo un mecanismo para gestionar mejor los impuestos a lo largo del tiempo, y menos carga impositiva en el corto plazo.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA): devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses. Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros. Además, el cómputo del 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios, como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

En relación a los beneficios aduaneros contempla la exención de derechos de importación para bienes de capital y maquinarias (repuestos, partes e insumos). Asimismo, la exención de derechos de exportación los primeros 3 años, para proyectos adheridos.

En cuanto a los beneficios cambiarios, permite a los beneficiarios la libre disponibilidad de divisas para exportaciones; divisas para financiamiento local o externo sin restricciones y una estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años. Estos beneficios serán inamovibles por ese lapso de tiempo garantizado por el RIGI de estabilidad fiscal. Es decir que, las empresas que se adhieran al régimen no solo recibirán estos beneficios, sino que además tendrán la seguridad de que no se modificarán durante tres décadas.

¿Qué impacto generaría esta normativa?

La implementación de este régimen atenta de manera directa contra las PyMEs e impide garantizar una mayor creación de puestos de trabajo con mano de obra local. Con el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares excluye a las PyMEs, que son las principales generadoras de mayor cantidad de empleo en el país. Además, se extranjeriza la matriz productiva nacional, trasladando el control y los beneficios a manos extranjeras.

A su vez, también avasalla la autonomía de las provincias argentinas, imponiendo decisiones centralizadas que no tienen en agenda las necesidades locales. El resultado de esto, será una reducción en la recaudación provincial y municipal, debilitando la capacidad de los gobiernos locales para financiar servicios o proyectos esenciales para el desarrollo de las comunidades.

En tanto, en Formosa las PyMEs se verán fuertemente afectadas, especialmente en los sectores como el agroindustrial y forestal que son claves para el desarrollo de la economía regional, y que deberán enfrentarse a dificultades para competir y resistir en un escenario poco favorable.

¿Qué hizo el Gobierno de Milei para llegar a esto?

El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas para desarrollar el Régimen de Inversión y Garantía Industrial (RIGI). 

Estableció un Plan Anti Industrial Nacional en donde accionó con:

• Devaluación un 117% al inicio de su gobierno.

• PyMEs: Suba del Impuesto PAIS, encareciendo la compra de insumos. Eliminación de líneas de crédito subsidiadas del BNA y BICE para inversión productiva.

• Derogación de la Ley de Compre Nacional y el Programa de Desarrollo de Proveedores.

• Apertura de importaciones permitiendo el ingreso de productos extranjeros (alimentos, artículos de limpieza, neumáticos, electrodomésticos) con ventajas competitivas.

Situación actual

La Argentina se encuentra en una encrucijada, y la responsabilidad del Senado será decisiva. Si la Cámara de Senadores aprueba el proyecto, este se convertirá en Ley y será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si lo rechaza, el proyecto no podrá ser tratado nuevamente en las sesiones ordinarias de este año. 

Existe también la opción de que la Cámara Alta realice modificaciones o agregados. Si esto ocurre, el proyecto regresará a la cámara de origen, en este caso, la de Diputados. Si se aceptan los cambios, el proyecto aprobado por los senadores se convertirá en Ley. La aprobación de este proyecto marcaría una nueva página en la historia de la Nación, afectando significativamente el futuro de todos los argentinos.