El Consejo Federal de Educación aprobó recientemente, la resolución N239/14 establece las pautas federales concernientes al funcionamiento de los Equipos de Apoyo y Orientación dentro del Sistema Educativo. Este marco normativo se constituye como una verdadera construcción colectiva y federal, que recoge debates de varios años en torno a la necesidad de sostener una perspectiva institucional y política de intervención.
El Consejo Federal de Educación aprobó recientemente, la resolución N239/14 establece las pautas federales concernientes al funcionamiento de los Equipos de Apoyo y Orientación dentro del Sistema Educativo. Este marco normativo se constituye como una verdadera construcción colectiva y federal, que recoge debates de varios años en torno a la necesidad de sostener una perspectiva institucional y política de intervención. De este proceso han formado parte la mayoría de las provincias con sus respectivos responsables del área y profesionales técnicos. Por la provincia de Formosa, se destacó la participación y el acompañamiento permanente del Ministro de Cultura y Educación, Dr. Alberto Zorrilla, quien forma parte de dicho organismo nacional y el trabajo en el territorio del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (Se.T.I.C)
Para ello, desde el año 2009 se han llevado a cabo una serie de encuentros con referentes jurisdiccionales de Equipos de Apoyo y Orientación, a fin de expresar, analizar y acordar posiciones, estrategias e intervenciones que sitúen la práctica de los mismos en el ámbito educativo y así garantizar el derecho a la educación de niños/as, jóvenes y adultos.
En ese sentido, se ha trabajado en la revisión de las líneas de intervención institucional de los equipos, a la luz de la Ley N° 26061, que en su artículo 15, establece el derecho a la educación pública y gratuita y la atención al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Así también, se ha incluido en el marco de trabajo de los Equipos, el trabajo intersectorial, en tanto el artículo 32 de la Ley N° 26061 sostiene que el Sistema de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes está conformado por los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican coordinan, orientan y ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas.
La especificidad de la tarea de los Equipos de Orientación implica diseñar, implementar y acompañar junto con supervisores, directivos y docentes, procesos favorables a la enseñanza y aprendizaje.
Las tareas de diagnóstico y de clínica, ante situaciones individuales de los estudiantes, no pueden ser llevados a cabo por los docentes, directivos o profesionales que se encuentren desempeñando su rol en el ámbito escolar. El campo disciplinar de procedencia de los integrantes de los equipos, dará elementos para orientar a docentes y padres sobre los particulares procesos de aprendizaje.
Entre las pautas federales para establecer un encuadre de trabajo que promueva y acompañe el desarrollo de la principales líneas de acción de los niveles y modalidades del sistema, a fin de sostener y fortalecer las diversas trayectorias educativas se encuentran, el acompañamiento como tarea inherente al trabajo de los Equipos, no sólo a los estudiantes, sino también a quienes llevan adelante los procesos pedagógicos; trabajar desde una perspectiva institucional tendiente al sostén de las trayectorias educativas a través del fortalecimiento de roles y funciones, ubicar los saberes diversos al servicio de la comprensión del complejo terreno de la realidad social, reunir a profesionales de distintas formaciones, entre otras.
Los equipos se organizarán regionalmente, con una coordinación central, para poder responder a las necesidades del sistema educativo, coordinando sus acciones con los CAI, CAJ, centros comunitarios, organizaciones, etc. Esta resolución define como criterios indispensables la perspectiva institucional que le de centralidad a los procesos de enseñanza aprendizaje la regionalización que garantice la cobertura, la dependencia transversal a los niveles y modalidades respondiendo a las políticas públicas y la conformación interdisciplinaria.
Para ello, desde el año 2009 se han llevado a cabo una serie de encuentros con referentes jurisdiccionales de Equipos de Apoyo y Orientación, a fin de expresar, analizar y acordar posiciones, estrategias e intervenciones que sitúen la práctica de los mismos en el ámbito educativo y así garantizar el derecho a la educación de niños/as, jóvenes y adultos.
En ese sentido, se ha trabajado en la revisión de las líneas de intervención institucional de los equipos, a la luz de la Ley N° 26061, que en su artículo 15, establece el derecho a la educación pública y gratuita y la atención al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Así también, se ha incluido en el marco de trabajo de los Equipos, el trabajo intersectorial, en tanto el artículo 32 de la Ley N° 26061 sostiene que el Sistema de Protección Integral de Derechos de las niñas, niños y adolescentes está conformado por los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican coordinan, orientan y ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privadas.
La especificidad de la tarea de los Equipos de Orientación implica diseñar, implementar y acompañar junto con supervisores, directivos y docentes, procesos favorables a la enseñanza y aprendizaje.
Las tareas de diagnóstico y de clínica, ante situaciones individuales de los estudiantes, no pueden ser llevados a cabo por los docentes, directivos o profesionales que se encuentren desempeñando su rol en el ámbito escolar. El campo disciplinar de procedencia de los integrantes de los equipos, dará elementos para orientar a docentes y padres sobre los particulares procesos de aprendizaje.
Entre las pautas federales para establecer un encuadre de trabajo que promueva y acompañe el desarrollo de la principales líneas de acción de los niveles y modalidades del sistema, a fin de sostener y fortalecer las diversas trayectorias educativas se encuentran, el acompañamiento como tarea inherente al trabajo de los Equipos, no sólo a los estudiantes, sino también a quienes llevan adelante los procesos pedagógicos; trabajar desde una perspectiva institucional tendiente al sostén de las trayectorias educativas a través del fortalecimiento de roles y funciones, ubicar los saberes diversos al servicio de la comprensión del complejo terreno de la realidad social, reunir a profesionales de distintas formaciones, entre otras.
Los equipos se organizarán regionalmente, con una coordinación central, para poder responder a las necesidades del sistema educativo, coordinando sus acciones con los CAI, CAJ, centros comunitarios, organizaciones, etc. Esta resolución define como criterios indispensables la perspectiva institucional que le de centralidad a los procesos de enseñanza aprendizaje la regionalización que garantice la cobertura, la dependencia transversal a los niveles y modalidades respondiendo a las políticas públicas y la conformación interdisciplinaria.