Tal como estaba previsto se presentó el libro "Proceso de responsabilidad contra magistrados de la Nación Argentina" cuyo autor es Secretario Letrado de la Fiscalia Federal Nº 1 de Formosa, Arístides Norberto Fernández Bedoya.
La obra de este formoseño que fue editado por editorial "EL ALEPH" de la Capital Federal fue presentado oficialmente en el Hotel de Turismo el viernes 24 por los Dres. Alfonso Santiago (Académico y Vicerrector de la
Universidad Austral de Buenos Aires), Juan César Penchansky (Ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación), Luis Ramón González (Presidente de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes); y Juan Manuel Iglesias (Juez Camarista de la ciudad de Mercedes) y estuvieron presentes prestigiosos abogados del foro local y autoridades de los tres poderes provinciales y de la municipalidad de la ciudad.
El autor, Arístides Norberto Fernández Bedoya, nació en esta ciudad el 10 de octubre de 1969, donde cursó sus estudios primarios y secundarios; es Abogado y Magister en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral
de Buenos Aires). Ingresó en la carrera judicial como meritorio en 1995, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. Se desempeñó progresivamente en distintos cargos del Poder Judicial de la Nación, hasta principios de 2002. En el mismo año, tras renunciar en el Poder Judicial de la Nación, fue designado Secretario Letrado titular ante la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa y luego
transitoriamente como Secretario de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de la misma provincia.
Desde su ingreso en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, viene desempeñándose como Fiscal Federal ante Fiscalías de Primera Instancia N° 1 y N° 2 y Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Formosa, indistintamente en carácter subrogante y/o ad hoc. Asistió a numerosos congresos y seminarios internacionales médicos forenses, entre ellos, en las ciudades de Los Angeles, California (EE. UU., 2000), Asunción (Paraguay,
2006) y Cartagena de Indias (Colombia, 2010).
El libro
Esta obra contiene en forma abarcadora las normas que rigen el quehacer funcional de las autoridades superiores del sistema judicial argentino. Contempla legislación nacional y extranjera, comparando las mismas en cuanto a los institutos procesales para acortar el proceso judicial, aplicándolo y creando inteligentemente una propuesta para los regímenes de remoción de aquellos funcionarios públicos, en vistas y esperanza de llegar lejos con las ansias de ser norma del derecho vigente, abriéndose obviamente a cualquier beneficiosa y creadora innovación. Abarcadora porque comprende tanto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación, como asimismo a los magistrados inferiores del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación.
Alguien señaló que "Justicia tardía no es justicia", pues la condena se pierde en el tiempo. Un proceso demanda mucho costo material, de recursos humanos y a sólo cinco fojas de labrado un expediente, el Estado ya habrá
erogado miles de pesos, traducidos no solamente en el costo de tapa carátula, hojas, cartuchos de tintas, sino como se señala en recursos humanos, que se van en tiempo sueldo del más insigne empleado hasta el de
mayor jerarquía. Ganar tiempo sin incurrir en excesos, violaciones de garantías como el debido proceso, la defensa en juicio, la prohibición de la autoincriminación, evitar la intromisión del poder político como factor
coactivo, el manoseo de los medios de comunicación, entre otras tantas garantías, no es imposible y es el desafío asumido en esta obra para elaborar una propuesta conciliadora y austera, en un sistema donde existe
control de constitucionalidad difuso como el nuestro.
Universidad Austral de Buenos Aires), Juan César Penchansky (Ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación), Luis Ramón González (Presidente de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes); y Juan Manuel Iglesias (Juez Camarista de la ciudad de Mercedes) y estuvieron presentes prestigiosos abogados del foro local y autoridades de los tres poderes provinciales y de la municipalidad de la ciudad.
El autor, Arístides Norberto Fernández Bedoya, nació en esta ciudad el 10 de octubre de 1969, donde cursó sus estudios primarios y secundarios; es Abogado y Magister en Derecho y Magistratura Judicial (Universidad Austral
de Buenos Aires). Ingresó en la carrera judicial como meritorio en 1995, en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. Se desempeñó progresivamente en distintos cargos del Poder Judicial de la Nación, hasta principios de 2002. En el mismo año, tras renunciar en el Poder Judicial de la Nación, fue designado Secretario Letrado titular ante la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa y luego
transitoriamente como Secretario de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de la misma provincia.
Desde su ingreso en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, viene desempeñándose como Fiscal Federal ante Fiscalías de Primera Instancia N° 1 y N° 2 y Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Formosa, indistintamente en carácter subrogante y/o ad hoc. Asistió a numerosos congresos y seminarios internacionales médicos forenses, entre ellos, en las ciudades de Los Angeles, California (EE. UU., 2000), Asunción (Paraguay,
2006) y Cartagena de Indias (Colombia, 2010).
El libro
Esta obra contiene en forma abarcadora las normas que rigen el quehacer funcional de las autoridades superiores del sistema judicial argentino. Contempla legislación nacional y extranjera, comparando las mismas en cuanto a los institutos procesales para acortar el proceso judicial, aplicándolo y creando inteligentemente una propuesta para los regímenes de remoción de aquellos funcionarios públicos, en vistas y esperanza de llegar lejos con las ansias de ser norma del derecho vigente, abriéndose obviamente a cualquier beneficiosa y creadora innovación. Abarcadora porque comprende tanto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación, como asimismo a los magistrados inferiores del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público de la Nación.
Alguien señaló que "Justicia tardía no es justicia", pues la condena se pierde en el tiempo. Un proceso demanda mucho costo material, de recursos humanos y a sólo cinco fojas de labrado un expediente, el Estado ya habrá
erogado miles de pesos, traducidos no solamente en el costo de tapa carátula, hojas, cartuchos de tintas, sino como se señala en recursos humanos, que se van en tiempo sueldo del más insigne empleado hasta el de
mayor jerarquía. Ganar tiempo sin incurrir en excesos, violaciones de garantías como el debido proceso, la defensa en juicio, la prohibición de la autoincriminación, evitar la intromisión del poder político como factor
coactivo, el manoseo de los medios de comunicación, entre otras tantas garantías, no es imposible y es el desafío asumido en esta obra para elaborar una propuesta conciliadora y austera, en un sistema donde existe
control de constitucionalidad difuso como el nuestro.